la pimera ingeniera

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, HISTORIA Y ESTEREOTIPOS SEXUALES

La Ley de Instrucción Pública de 1857, conocida como Ley Moyano, estableció por primera vez en España la obligatoriedad legal, aunque no real, de la escolaridad para las niñas. Sin embargo institucionalizaba un sesgo sexista del contenido de la enseñanza, al establecer su art. 5 que en las enseñanzas elemental y superior de las niñas se sustituyeran los estudios de Agricultura, Industria, Comercio, Geometría, Dibujo lineal, Agrimensura, Física e Historia Natural por “Labores propias del sexo”, Elementos de Dibujo aplicado a las mimas labores y Ligeras nociones de Higiene doméstica”.

La primera ingeniera española fue Pilar Careaga, licenciada en 1929 en la Escuela de  Ingeniería Industrial de Bilbao fundada en 1889. Hija del Conde de Cadagua, designada por Franco alcaldesa de Bilbao  de 1969 a 1975.

El paso por la aulas de Pilar fue todo un acontecimiento social, especialmente cuando realizó sus prácticas en la cabina de una locomotora de vapor. Sin embargo, no ejerció la profesión. Se dedicó a la política, afiliándose a Renovación Española con el advenimiento de la República, en 1931. La Guerra Civil le sorprendió en Bilbao, donde fue encarcelada en julio de 1936.  Canjeada por la Cruz Roja Internacional y trasladada a zona nacional, se incorporó como delegada de hospitales al frente de Madrid. En 1964 fue nombrada diputada provincial de Vizcaya y, en 1969, alcaldesa (otra vez la primera mujer) de Bilbao, cargo que ocupa hasta 1975. También fue procuradora en Cortes. 38.

Casada con el ingeniero bilbaíno Enrique de Lequerica, hermano de José Félix (ministro de Exteriores del régimen de Franco), no tuvieron hijos. Fue distinguida con la Gran Cruz de Beneficencia, con la Gran Cruz de Sanidad, Gran Cruz del Mérito Militar, Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, Medalla de Plata de la Diputación de Vizcaya, Cruz Roja al Mérito Militar y Medalla de Plata de la Juventud. Pilar Careaga murió en Madrid, el 16 de junio de 1993.

El número 59 de la revista “Estampa” le dedicó, en febrero de 1929, un reportaje gráfico y literario, por el hecho, entonces insólito, de conducir una locomotora (como parte de sus prácticas de último curso). Un reportero y un fotógrafo de la revista acompañaron en uno de sus viajes desde la madrileña estación del Norte al País Vasco. La crónica refleja el estupor de viajeros ante “una mujer que guía locomotoras”. Pero para Pilar Careaga la locomotora era más que una simple máquina, no en vano la mecánica fuera su vocación desde los trece años, edad a la que decidió estudiar industriales. Con su traje ferroviario y equipada con gafas para evitar la carbonilla en los ojos.

A partir de la Constitución de 1978 se establece la igualdad legal en todos los niveles de la educación, lo que se traduce en la última década en que son mujeres el 53% del millón y medio de alumnos universitarios de España y el 59% de los que terminan dichos estudios, y a ellas les corresponden el 70% de los mejores expedientes –con media de sobresaliente- del curso 2003-2004. Pero las escuelas técnicas de grado medio sólo tienen un 25% de alumnas y las superiores un 31%.

Tras la conquista del acceso a la universidad, las mujeres debieron superar una nueva barrera para el ejercicio de las profesiones que habían estudiado. Las carreras técnicas, vinculadas a papeles de mando y riesgo que se presumían ajenos a los valores y capacidades femeninos, han elevado aún más esas barreras de acceso y ejercicio profesional.

La Universidad Politécnica de Madrid nació en 1971 como tal Universidad, pero la mayoría de sus Escuelas fueron fundadas en los siglos XVIII y XIX: La Escuela Técnica Superior Arquitectura se creó en 1744. La Escuela de Ingenieros Navales nació en 1848. Junto a la de Aeronáuticos, es una de las dos Escuelas de la UPM hoy plenamente civiles con origen militar. La Escuela de Ingenieros de Minas se creó en 1777, instalada inicialmente en Almadén. Al comenzar el siglo XIX, en 1802 se fundó la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. La Escuela de de Ingenieros de Montes (1835) instalada hasta 1848 en el castillo de Villaviciosa de Odón. La Escuela de Ingenieros Industriales se creó en 1857, cerrada en 1891 reabrió en 1901. La Escuela de Ingenieros Agrónomos se fundó en 1855 en Aranjuez, cerró en 1868 y reabrió en 1869. La Escuela General de Telegrafía fue el primero de los tres Centros Superiores nacidos en el siglo XX, en 1913. En 1928 se creó la Escuela Superior de Aerotécnica (de Ingenieros Aeronáuticos desde 1957), que inició su funcionamiento en Cuatro Vientos. La Facultad de Informática nació como Instituto de Informática de Madrid en 1969, hasta que en 1976 las enseñanzas de Informática pasaron a la Universidad y se creó la Facultad de Informática de Madrid. Desde 2003, ha pasado a formar parte de la Universidad la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, antes INEF (1998).

Las Escuelas Universitarias de Ingenieria Técnica (antes de Peritos) nacieron en la mayoría de los casos casi simultáneamente a las Escuelas Superiores. La Escuela Politécnica de Enseñanza Superior (E.P.E.S.) nacida en 1997 imparte el 2º ciclo de Ingeniería en Geodesia y Cartografía e Ingeniería de Materiales, así como la Licenciatura en Ciencias Ambientales.

Por otra parte, la UPM cuenta con varios Institutos de Investigación: el Juan de Herrera, el de Investigación Industrial José Antonio de Artigas, el de Energía Solar, el de Investigación del Automóvil, el de Control Automático, el Instituto-Fundación Agustín Bethencourt, el Instituto de Sistemas Opto electrónicos y Micro tecnología .

LA LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).

NACE FUERTEMENTE CUESTIONADA POR LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

El  dio 11 concluyó el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y pedir así la devolución al Gobierno del texto presentado. Los distintos agentes sociales hicieron sus declaraciones a los medios para mostrar su rechazo a esta reforma del Gobierno y con el que se pretende, entre otros puntos, combatir las altas tasas de abandono escolar.

To be, or not to be, that is the question:........

Más allá de las incógnitas que despiertan a nivel económico, la LOMCE se ha granjeado el rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa por la falta de diálogo y de tiempo con la que se ha tratado de imponer. 

Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), buque insignia del departamento dirigido por José Ignacio Wert, que mas allá de los interrogantes que despierta a nivel económico, se ha granjeado el rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa, que critica la falta de diálogo y de tiempo con la que se ha tratado de imponer.

Esta ley es mercantilista que busca rentabilizar la inversión para que se traduzca en beneficios económicos y datos más positivos de desempleo, pero que no busca humanizar y formar personas que desarrollen una sociedad más justa e igualitaria. Y su objetivo es introducir una serie de variaciones respecto a la LOE para reducir los niveles de abandono escolar y mejorar la sostenibilidad económica del sistema. Sin embargo  dichas estrategias se han probado inútiles y suponen un retroceso en el tiempo.

La desregulación del currículum (más autonomía en los centros), que pretende mejorar la motivación y los resultados académicos mediante la diferenciación de los centros entre sí (instaurándose colegios bilingües, institutos sólo tecnológicos, etc.) no satisface a los agentes de la escuela pública. Los centros escolares deberían adecuarse a las necesidades de sus alumnos y no los alumnos a las características de sus colegios.

Respecto a la implantación la evaluación externa y reválidas en Primaria, ESO y Bachillerato. En un año, el presupuesto de Educación ha perdido 5.000 millones de euros (un punto del PIB), y aún faltan 6.000 más para cumplir con Bruselas. Esta fórmula, pretende examinar los conocimientos adquiridos al final de cada etapa por los alumnos, se considera un anacronismo ineficaz" para luchar contra el fracaso escolar. Las evaluaciones son una foto fija, no miden el valor añadido de la enseñanza, critican. Hay que tener en cuenta con qué colectivos se trabaja, de dónde se partía y dónde se ha acabado. Todo lo demás se reduce a la elaboración de rankings, justifican.

El incremento de costes y tasas frente a la rebaja en las becas, es sin duda el principal escollo al que se enfrenta el anteproyecto de Wert. De los 11.000 millones de euros de recorte en Educación comprometidos con Bruselas hasta 2015, ya se han ajustado más de 5.000 millones (1 punto del PIB en tan sólo un año). Las distintas asociaciones critican la pérdida de medios y de calidad en la enseñanza que este 'tijeretazo' lleva implícito.

Las tasas universitarias han subido como mínimo un 40%, se han creado nuevas matrículas para la FP, se han suprimido en muchas CCAA las becas de comedor y libros de texto y las becas de movilidad universitarias han sufrido un fuerte ajuste.

La LOMCE plantea 4º de la ESO como un curso de iniciación con vistas a dos itinerarios diferenciados: uno 'profesional y otro académico, es decir, un grado medio de FP o el Bachillerato. Esta bifurcación es la responsable del sobrecoste que tendrá, ya que implica un gasto de 229 millones de euros del total de 408 millones. Los docentes nos preguntamos: si ese dinero no estaría mejor invertido en profesores de refuerzo que no animaran a tirar la toalla a la primera oportunidad. La nueva Ley  contempla una compactación de las asignatura optativas y de las materias de modalidad en el Bachillerato. Esto implica una reducción de la carga horaria de los profesores y, por tanto,  una reducción latente en el número de docentes necesarios. 

La memoria económica del anteproyecto de Wert estima que podrían ahorrarse 91,7 millones de euros en gastos de personal, el equivalente a 2.534 profesores en toda España. "Es algo inaudito que una reforma de la ley educativa pretenda ahorrar costes mediante la eliminación de profesores", aseguran.

LOS MALES DE LA DEMOCRACIA SÓLO SE SUPERAN CON MÁS DEMOCRACIA.

Trabajito, sin acritud, dedicado a la Sra. Alcaldesa de Valdemorillo, Pilar López Partida

Sra. Alcaldesa, escribo este trabajillo con el pleno convencimiento de que no obtendré respuesta alguna, porque si me contestara, se delataría y mirará para otro lado porque los las políticos de su cuño están pasando, con la crisis, sus peores momentos democráticos, ya que deben reflexionar y modificar su discurso para no quedar tocados en próximas elecciones. Y es qué, los males de la democracia sólo se superan con más democracia.

¿De qué manera se podría democratizar, un poco más, la vida en un pueblo como Valdemorillo? si el PP se apoya en un partido que ha engañado vilmente a sus electores, aprovechando nuevamente del trasfuguismo político, para que al amparo de nuestra obsoleta ley electoral continuar haciendo caja. Los militantes del PP, que pusieron el grito en el cielo con ese pacto “contra natura”, ahora otorgan para continuar saliendo en la foto.

Actualmente con un partido en el gobierno que se apoya en el parido independiente, que como bien sabe la alcaldesa, utilizó del engaño descarado para obtener sus votos, y que no ha dudado en dar la espalda a sus votantes para apostar por una acción que pudiera dar respuesta a sus cuitas personales con la función pública, y ahora tan necesitada de recursos. Y que en su hemeroteca embustera dejó patente la oposición frontal a su anterior gestión para captar los votos de una fracción del pueblo descontenta, disconforme con que siguiera usted gobernando Valdemorillo cuatro años más. La ciudadanía silente debe recordar todo cuanto digo sobre este asunto.

¿Cómo agregarle al actual sistema una dosis mayor de democracia, para poder garantizar un ejercicio más eficiente de los derechos políticos?. Con la que está cayendo, si no usamos de nuestros recursos imaginativos, los políticos torpes no llegarián a puerto jamás.

Si el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, y los partidos políticos son corporaciones fundamentales del sistema; aquí estaría el eje de la cuestión y respuesta a muchas incógnitas.

1.    Habría que conciliar, armónicamente, las facultades propias de los representantes, con el débito de las fuerzas políticas y con el principio de soberanía popular.

2.    La clave estaría en la plataforma electoral de cada partido o alianza política que pretenda alcanzar los máximos honores de la democracia.

3.    Una democracia sin evasivas. Que las plataformas electorales sean de presentación inexcusable, oportunamente publicitada, clara y precisa, y que abarquen todos los temas de interés general.

4.    La plataforma electoral debe ser vinculante. Así la elección de concejales representaría una verdadera opción entre varios programas de gobierno, debidamente plebiscitados y, entonces, cada ciudadano determinaría la prioridad que estime corresponder a cada tema, haciendo un análisis selectivo, para después optar por el programa que le ofrezca mayores coincidencias en los asuntos que considere más relevantes.

5.    Las promesas electorales, como las ofrecidas por Pivalde, debe dejar de ser meros compromisos morales sin trascendencia jurídica, y tengan la obligatoriedad de cumplir y hacer cumplir en su plenitud el contenido de la plataforma electoral presentada, como programa de gobierno, por la fuerza política que resulte ser favorecida por el voto popular.

6.    Que el programa, votado por la ciudadanía, tenga fuerza de ley, entrando en vigencia el mismo día en que la fórmula el escrutinio de los votantes.

7.    Para respetar la voluntad de las urnas, consideramos que no se debería poder modificar el programa de gobierno elegido por la ciudadanía sin mediar el voto de al menos dos terceras partes del total de los miembros del Pleno y recién después de haberse cumplido los dos primeros años del mandato.

8.    Esta propuesta, obviamente perfectible, obligaría a que se articulen los mecanismos institucionales correspondientes, a los efectos de ponerla en práctica.

9.    Las plataformas electorales deberían ajustarse rigurosamente, y en todos sus puntos, a la Constitución Nacional, para evitar posteriores planteos de inconstitucionalidad después de ser presentadas en sociedad. En tal sentido habría que determinar la instancia previa y el procedimiento que garantice la viabilidad jurídica de cada plataforma electoral que se presente.

10. Todo esto exigiría una mayor responsabilidad de los partidos políticos y la necesaria previsibilidad de los candidatos. Sería un aporte a la seguridad jurídica y a la gobernabilidad.

11. Las alianzas electorales se verían obligadas a consensuar algo más que la distribución de futuros cargos públicos y eventuales cuotas de poder.

12. Quienes ejerzan la oposición no podrían oponerse a las grandes directrices ya plebiscitadas en las urnas y devueltas por la mayoría de la sociedad, a los políticos, como una orientación pero también como instrucciones a ser cumplidas.

Sra. Alcaldesa, todo un manual de buenas intenciones que sería suscrito por la casi totalidad del electorado y por los políticos demócratas e inteligentes que afortunadamente haberlos ahylos.

Aprovechando que este blog lo leen algunos amigos peperos, les solicito que hagan extensiva esta reflexión utópica a todos aquellos correligionarios de buena voluntad que sean verdaderamente demócratas.

Cada vez que se anuncia un nuevo recorte

TENDEMOS A VOTAR BAJO CRITERIOS DISTINTOS . 

 

De los que lo haríamos para un gestor de nuestras cuentas. En este sentido, factores como la deuda de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o un país nos parece poco importante a la hora de evaluar la gestión y decidir, en consecuencia, nuestro voto

Cada vez que se anuncia un nuevo recorte o que el paro o los desahucios aparecen como tristes manifestaciones sociales de la delicada situación por la que atraviesa España, arrecian las críticas contra el poder al que se atribuyen que no acaban de aportar soluciones definitivas contra la crisis. Asumiendo la cuota que corresponde la primera obligación que tiene el gobierno es la de transmitir la realidad exacta de nuestra situación.

Parece que solo puede existir la austeridad a ultranza, o las políticas intervencionistas frente a las liberales. Todo ello es lógico fruto de un ambiente social de aflicción. Y en medio de este desconsuelo, a uno le da por pensar que buena parte de la solución está ahí, en la sociedad española, y que esta crisis va a dejar, además de mucho dolor, un aprendizaje valioso que puede ayudar a cambiar las cosas.

Tal vez por eso se móvil izó contra las ejecuciones de desahucio por impago de hipotecas. La reacción se organizó bien y con un ritmo vertiginoso harta conseguir lo que parecía imposible que una comisión de siete jueces pusiera el dedo en la llaga con un contundente informe contra el marco legal que permite abusos de ley. Esa contestación frente al drama de los desahucios desde estamentos, antes aparentemente pasivos, se concienciaron de una realidad que estaba a punto de generar un conflicto social sin precedentes. La presión social, espoleada también por varios suicidios de afectados, y fue lo suficientemente intensa como para que el Gobierno tomara cartas en el asunto intentando un pacto con el PSOE y pidiendo una señal contundente a la banca. Esta respondió con una decisión histórica decretando unilateralmente una moratoria de dos años para casos de “extrema necesidad” que las cajas han ampliado a todas las ejecuciones hipotecarias hasta que haya un nuevo marco legal.

Los dos grandes partidos, antes remisos a buscar una solución duradera, iniciaron ayer sus contactos formales para pactar una nueva legislación que acabe con los abusos. Ambas formaciones buscan medidas de urgencia como las adoptadas por el sector financiero que aliviarán la penosa situación de decenas de familias. Solo por ello, son iniciativas que merecen ser aplaudidas. Pero se equivocaría el Gobierno si creyera que tales indultos temporales son suficientes para reconducir la situación. Al informe de los jueces se han sumado los 46 decanos de toda España. Varios ayuntamientos amenazan con retirar sus fondos de una entidad bancaria si en sus municipios esta ejecuta un desahucio más. El principal sindicato policial dice que apoyará a los agentes que se nieguen a intervenir en un desalojo aunque estén cumpliendo la ley: mala decisión.

La raíz del problema no es la insolvencia de los ciudadanos más vulnerables y más castigados por la crisis. Es importante elevar el llamado “umbral de exclusión” para que no solo se beneficien de las nuevas medidas los que estuvieran prácticamente en la indigencia. Extender el alquiler social y dar salida así a ese amplio parque de viviendas vacías es una buena opción. Pero el Gobierno debe tener claro que el problema fundamental radica en un marco jurídico rechazado por el 95% de la población, que permite otorgar a los inmuebles dos valores de tasación distintos, de adquisición y de ejecución; este último más bajo, habitualmente, que ampara un sistema de subastas muchas veces amañado, que da por buenos unos intereses de demora que multiplican la deuda original, que dificulta la dación en pago y que, en definitiva, no da margen al deudor de buena fe para sortear el problema que se le ha presentado. De ahí la necesidad de ese cambio normativo por vía de urgencia. Demorarlo durante meses sería un desatino.

Con esta crisis los ciudadanos se van a volver más exigentes y a pedir a los políticos, a las instituciones más responsabilidad. En todo caso, para que esa conciencia se extienda de forma efectiva es preciso que se ayude a los ciudadanos a comprender dónde deben estar los elementos de juicio. Dicho sea de paso, tendemos a votar a un alcalde o a cualquier otro cargo público bajo criterios distintos de los que lo haríamos para un gestor de nuestras cuentas. En este sentido, factores como la deuda de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o un país nos parece poco importante a la hora de evaluar la gestión y decidir, en consecuencia, nuestro voto. Pues bien, baste pensar en los esfuerzos que se exigen ahora a España para entender la importancia del rigor en la gestión. También es preciso contar con una conciencia generacional, algo que siempre ha existido, pero cuya necesidad puede acrecentarse ahora. Baste pensar que la factura de la resolución de la crisis la están pagando principalmente dos generaciones de españoles a los que, aparte de ese coste, les va a ser difícil acceder a los prometidos beneficios del Estado de bienestar. Y el Estado de bienestar es posible, porque lo ha sido y puede seguir siéndolo, pero se manifiesta también la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de lo que cuesta mantenerlo y de cuánto se aporta y cuánto se recibe de ese sistema.

No hay dinero para la investigación, pero sí para rescatar a la banca

UNA IDEOLOGÍA QUE CULPABILIZA AL POBRE POR SERLO Y AL PARADO POR NO ENCONTRAR TRABAJO

Que va calando dentro del discurso político como ideario del liberalismo económico, que ensalza la figura del emprendedor como modelo social e instala a la competitividad como motor de cualquier progreso.

 

En fase de bonanza económica, si está basada en dinámicas especulativas, tiene una gran aceptación social porque siempre hay historias de éxito fulgurante que mostrar. Pero en tiempos de crisis, puede volverse fácilmente contra los pobres y los parados, a los que se presenta como sospechosos de holgazanería y culpables de haber malbaratado sus oportunidades.

No obstante pocas veces se expresa abiertamente, el desprecio por quienes están necesitados de ayuda social. A veces de forma inoportuna, como ocurrió al último candidato republicano  Romney al insinuar que casi la mitad de los norteamericanos son parásitos sociales. Otras, de forma estridente, como cuando la diputada Andrea Fabra lanzó en el Congreso de los Diputados aquel burdo “que se jodan” en el momento en que se debatía recortar prestaciones a los parados. Y a veces sibilinamente, como cuando Duran i Lleida afirmó que mientras los payeses catalanes lo pasan mal, en otras partes de España “hay campesinos que pueden quedarse en el bar de la plaza y continúan cobrando”. Esto contribuye a construir el marco conceptual que servirá para alimentar la idea de que los parados y los pobres son parásitos, es presumible que cuando se decidan recortes en las prestaciones, estos no encuentren resistencia entre quienes no sufren esa situación. Cuando la ideología conservadora, utiliza la expresión “hay que aliviar la carga impositiva”, el marco conceptual en el que se inscribe implica una visión de los impuestos como algo que aprieta, que oprime a la sociedad.

En este marco conceptual, los poderes se sienten legitimados para abandonar a su suerte a los desfavorecidos. Con este enfoque, la crisis no tiene responsables, ni se considera importante determinar cómo se reparten sus cargas. Una vez instaurado este discurso, quienes cuestionan las políticas de ajuste y se resisten a los sacrificios son malos ciudadanos y se utiliza la recesión para imponer una salida autoritaria.

La crisis es un golpe de Estado del capitalismo Y la recesión es utilizada para limitar la democracia e imponer un sistema autoritario que permita someter a toda la población a los dictados del poder económico. De momento, el relato de la crisis como golpe de estado o estafa pugna por abrirse paso desde la plaza de Neptuno de Madrid y desde los foros sociales abiertos al calor del movimiento del 15-M. Pero en el discurso oficial el que predomina es el de la crisis como catástrofe sobrevenida simplemente por una mala gestión.

Ya en el año de bonanza económica de 2007, el 18% de la población se encontraba bajo el umbral de la pobreza. Ahora ese porcentaje es superior al 22% y lo que ha ocurrido es que quienes ya eran pobres, están mucho peor, porque la crisis han aumentado las diferencias sociales los pobres son más pobres y los ricos son 6,9 veces más ricos. Hay más pobres que además están peor y tienen menos posibilidades de salir del agujero

Los jóvenes menos formados o que necesitan un proceso de preparación más largo, tienen ahora menos posibilidades. Todo el mundo teme encontrarse en esa situación y acepta con naturalidad que se destinen los recursos a los casos extremos. Se está instaurando un discurso de la urgencia en el que, como todo está muy mal y hay que atender lo más urgente, los programas de inserción social quedan relegados”. Pero la pobreza no solo se nutre de colectivos en riesgo de exclusión. Hay también nuevos perfiles de pobres que viven su situación de precariedad con una gran angustia pues son personas preparadas que forjaron sus expectativas en los años de bonanza. ¿Quiénes son esos nuevos pobres? Son aquellos para los que el ascensor social, en lugar de subir, está bajando: Como los jóvenes profesores asociados de la universidad que se han quedado sin trabajo por los recortes, o aquellos que se han quedado cobrando 500 euros al mes. También podría incluirse a muchos investigadores. Estamos hablando de jóvenes científicos que han hecho una tesis doctoral en el extranjero y hacen investigación de primera línea. No es que fueran unos potentados de la ciencia, pero si a un sueldo de 1.100 euros al mes se le recorta el 25%, lo que queda fácilmente cae por debajo de los índices de pobreza.

 

Corrupción municipal

LOS PLANES GENERALES Y PARCIALES REDACTADOS EN LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN SER ANALIZADOS CON LUPA.

Los técnicos de la CAM tienen la obligación de conocer los antecedentes que conlleva cada Plan.

Es conocido que muchos de los problemas de corrupción en España están asociados con los ayuntamientos y, más concretamente, con la gestión del urbanismo. En general sabemos que la corrupción tiene efectos perversos para un país:

1.    Hace que las instituciones funcionen peor,

2.    Erosiona el capital social  

3.    Conlleva importantes ineficiencias económicas.

Los ciudadanos, en las elecciones, harían a los gobiernos responsables por sus acciones pasadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos los imputados por corrupción vuelven a ser reelegidos. De acuerdo con ello, aquellos alcaldes que fueron corruptos pero realizaron actividades de recalificación o especulación urbanística perdieron solo un 2% voto en promedio mientras que los que se implicaron en prácticas que les reportaban un beneficio estrictamente individual perdieron el 4%. Esta evidencia apunta cómo el urbanismo se ha convertido en un elemento clave para entender el grado de impunidad electoral de la corrupción. Ello, unido al desarrollo de redes clientelares para la financiación de estas actividades, está detrás de muchos de los principales escándalos de corrupción en nuestro país.

Parece razonable pensar que con la crisis económica esta impunidad puede haberse relajado ante la ausencia de rentas a repartir pero lo esencial del modelo que ha permitido y permite la corrupción urbanística no ha sido anulado.

La existencia de una aproximación ideológica a los escándalos de corrupción, que sumada a unos medios partidistas y polarizados, implicaría no darle credibilidad a los escándalos que afectan a los partidos propios pero sí a los del rival y se conecta con el cinismo político, por el cual todos los partidos son vistos como igualmente corruptos y, por lo tanto, los ciudadanos no castigan este comportamiento ante la creencia de que toda la oferta electoral es semejante.

Deroga parte de la ley del Suelo del 98, por invadir parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. De nuevo recae toda la responsabilidad sobre las comunidades autónomas, generando los nuevos planes urbanísticos en su territorio, sin que el estado tenga potestad sobre ellos. Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos.

Los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado la forma de cobrar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años. La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo.

Los promotores y constructores pagan a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda. Quede claro que con este mecanismo especulativo el ciudadano nuevamente es el perdedor y los políticos se enriquecen a costa de ese impuesto revolucionario que paga el contribuyente

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta  como transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc., también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal como corrupción urbanística, la calificación del suelo urbano ha provocado que España sea el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años. Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo plataformas y ciudadanos españoles.

A la hora de proponer medidas para reducir la corrupción hay que tener en cuenta que no parece que los votantes tengan demasiados incentivos para la corrupción. Las medidas conectadas con un control ciudadano-político pueden tener una eficacia limitada. Por ejemplo, se habla de listas abiertas como una receta fácil e intuitiva contra la corrupción: se podría sancionar más fácilmente al corrupto si se lo pudiera castigar individualizada mente. Sin embargo, la evidencia sociológica no está nada clara en este sentido.

Por el contrario los estudios han focalizado su atención en el establecimiento de sistemas de control horizontal de la corrupción, es decir, en habilitar sistemas de pesos y contrapesos que permitan la prevención de estos comportamientos. Es evidente que en el plano urbanístico, por más que existan sanciones severas, el daño causado por una mala práctica es muy difícil de solventar. De aquí que sea preferible enfatizar propuestas de detección temprana de la corrupción para evitar que se produzca, por más que implique ir a la contra de una opinión pública que pone más el acento en la sanción penal y la regulación.

Uno de los elementos que más fuertemente se asocian con la corrupción política es el grado de discrecionalidad que tienen los políticos en el control de las administraciones. La fuerte presión política hace que el edil de turno disponga de un amplio margen para el nombramiento de cargos o establecer contratos. Una primera medida que busque reducir la corrupción debería dirigirse a reducir esta politización administrativa.

Todas las actuaciones encaminadas a aumentar la transparencia de las administraciones públicas serán positivas, incluyendo a la ley de financiación de partidos. En todo caso, dado que este control se realiza principalmente desde los medios de comunicación en la denuncia de corrupción. Romper el alineamiento entre medios y partidos con una despolitización de los medios públicos y no permitir las ayudas públicas a medios privados - por ejemplo vía campañas institucionales

No existen medidas mágicas para solventar los problemas de corrupción. Ahora bien, creo que lejos de centrarnos en el último recurso frente a ella -la sanción penal es imperativo que nos preguntemos cuáles son sus causas y, más concretamente, cómo podemos acabar con los incentivos que existen en nuestro sistema político para que se produzca. Lejos de un mal cultural, la corrupción en España se puede atacar de manera efectiva con un diseño institucional que haga más difícil que se produzca.

Intelectuales ante la corrupción

 

REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y UNA NUEVA LEY ELECTORAL

La situación es heredada de los años posteriores al franquismo

La sociedad española asiste preocupada y escandalizada al deterioro de la política y hay que forzar a los grupos parlamentarios a cambiar la ley que regula su funcionamiento interno para dotarlos de mecanismos democráticos.

Para controlar la corrupción, los promotores del manifiesto reclamamos un mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas, así como el nombramiento de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Por último, piden que se obligue por ley a constituir comisiones dentro de los partidos que verifiquen los gastos de las campañas, y que se lleven a cabo inspecciones sobre dichos gastos. Escritores, economistas, historiadores, abogados, periodistas y diplomáticos han presentado en Madrid el Manifiesto de los cien por una nueva Ley de Partidos Políticos, cuyo objetivo "no es ponerlos en cuestión" sino mejorar su funcionamiento y hacer a las formaciones "más democráticas". Un centenar de personas han firmado este manifiesto —dado a conocer en el Círculo de Bellas Artes— que reclama una nueva Ley de Partidos Políticos con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna, la transparencia y el control de su financiación.

Un solo artículo de la ley de partidos está dedicado a su democracia interna:

1.    tenemos la regulación más laxa de toda Europa.

2.    padecemos altos índices de corrupción

3.    hay desafección ciudadana.

4.    sobre todo, una crisis institucional agravada por la económica.

Estos escenarios nos han llevado a un grupo de intelectuales sin adscripción partidaria a promover un manifiesto que propone la reforma radical de la ley de partidos.

A diferencia de otras iniciativas, esta no cuestiona el sistema de democracia representativa, ni propone más reformas que las que tienen que ver con el funcionamiento interno de los partidos. Entre ellas, por ejemplo, la obligación de celebrar elecciones primarias y congresos periódicos, tal y como ocurre, por ejemplo, en Alemania.

La Constitución impide que se presenten iniciativas legislativas populares sobre asuntos regulados por ley orgánica, y por eso los firmantes recurren a su artículo 29, que ampara el derecho de petición. A través de la web www.porunanuevaleydepartidos.es, recogerán firmas para poner este asunto en la agenda política. Tienen voluntad de superar las 500.000 que se exigen para las iniciativas legislativas populares.

No hay democracia sin partidos, pero su funcionamiento tiene que ser democrático. Y hay que mejorarlo para salvar la grave crisis de confianza en ellos. La Constitución otorga a los partidos el monopolio de la representatividad política, y además se financian con dinero público. El objetivo, es “poner en la agenda de los partidos” la necesidad de la reforma. Con la dificultad obvia de que son ellos los que tienen que acoger la iniciativa y, en su caso, modificar en el Congreso y el Senado la ley que les limita y controla.

La tesis del documento es que la crisis económica incluye una crisis institucional que exige cambios en el funcionamiento democrático. La situación es heredada de los años posteriores al franquismo, cuando la obsesión por lograr un sistema democrático estable creó unas cúpulas de partidos muy fuertes. Con los años, eso ha derivado en falta de debate interno y corrupción. En todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna de los partidos, la competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de transparencia impuestas por la ley propician que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la corrupción crece. Hasta límites asfixiantes.

Las propuestas contenidas en el Manifiesto pueden resumirse en siete puntos.

1. Celebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija.

2. Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva.

3. Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de control.

4. Elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso.

5. Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias.

6. Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes, previas a la presentación de las cuentas, que deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido.

7. Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.