Intelectuales ante la corrupción
REFORMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y
UNA NUEVA LEY ELECTORAL
La situación es heredada de los años posteriores al franquismo
La sociedad española asiste preocupada y escandalizada al deterioro de la
política y hay que forzar a los grupos parlamentarios a cambiar la ley que
regula su funcionamiento interno para dotarlos de mecanismos democráticos.
Para controlar la corrupción, los promotores del manifiesto reclamamos un mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas, así como el nombramiento de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Por último, piden que se obligue por ley a constituir comisiones dentro de los partidos que verifiquen los gastos de las campañas, y que se lleven a cabo inspecciones sobre dichos gastos. Escritores, economistas, historiadores, abogados, periodistas y diplomáticos han presentado en Madrid el Manifiesto de los cien por una nueva Ley de Partidos Políticos, cuyo objetivo "no es ponerlos en cuestión" sino mejorar su funcionamiento y hacer a las formaciones "más democráticas". Un centenar de personas han firmado este manifiesto —dado a conocer en el Círculo de Bellas Artes— que reclama una nueva Ley de Partidos Políticos con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna, la transparencia y el control de su financiación.
Un solo artículo de la ley de partidos está dedicado a su democracia interna:
1.
tenemos la
regulación más laxa de toda Europa.
2.
padecemos altos
índices de corrupción
3.
hay desafección
ciudadana.
4.
sobre todo, una
crisis institucional agravada por la económica.
Estos escenarios nos han llevado a un grupo de intelectuales sin
adscripción partidaria a promover un manifiesto que propone la reforma radical
de la ley de partidos.
A diferencia de otras iniciativas, esta no cuestiona el sistema de
democracia representativa, ni propone más reformas que las que tienen que ver
con el funcionamiento interno de los partidos. Entre ellas, por ejemplo, la
obligación de celebrar elecciones primarias y congresos periódicos, tal y como
ocurre, por ejemplo, en Alemania.
La Constitución impide que se presenten iniciativas legislativas populares
sobre asuntos regulados por ley orgánica, y por eso los firmantes recurren a su
artículo 29, que ampara el derecho de petición. A través de la web
www.porunanuevaleydepartidos.es, recogerán firmas para poner este asunto en la
agenda política. Tienen voluntad de superar las 500.000 que se exigen para las
iniciativas legislativas populares.
No hay democracia sin partidos, pero su funcionamiento tiene que ser
democrático. Y hay que mejorarlo para salvar la grave crisis de confianza en
ellos. La Constitución otorga a los partidos el monopolio de la
representatividad política, y además se financian con dinero público. El
objetivo, es “poner en la agenda de los partidos” la necesidad de la reforma.
Con la dificultad obvia de que son ellos los que tienen que acoger la
iniciativa y, en su caso, modificar en el Congreso y el Senado la ley que les
limita y controla.
La tesis del documento es que la crisis económica incluye una crisis
institucional que exige cambios en el funcionamiento democrático. La situación
es heredada de los años posteriores al franquismo, cuando la obsesión por
lograr un sistema democrático estable creó unas cúpulas de partidos muy fuertes.
Con los años, eso ha derivado en falta de debate interno y corrupción. En todos
los países hay corrupción política, pero la democracia interna de los partidos,
la competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las
obligaciones de transparencia impuestas por la ley propician que los políticos
corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la
corrupción crece. Hasta límites asfixiantes.
Las propuestas contenidas en el
Manifiesto pueden resumirse en siete puntos.
2. Reunión de los órganos de control
de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden
del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto.
Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los
de la directiva.
3. Composición de los congresos y de
los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del
partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los
órganos de control.
4. Elección de los órganos
ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante
voto secreto de los afiliados o delegados al congreso.
5. Elección de los candidatos a
cargos representativos por elecciones primarias.
6. Mandato limitado de los tesoreros
y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los
distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes,
previas a la presentación de las cuentas, que deberán ser aprobadas por los
máximos órganos de dirección del partido.
7.
Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las
campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto
electoral.
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