Corrupción municipal

LOS PLANES GENERALES Y PARCIALES REDACTADOS EN LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN SER ANALIZADOS CON LUPA.

Los técnicos de la CAM tienen la obligación de conocer los antecedentes que conlleva cada Plan.

Es conocido que muchos de los problemas de corrupción en España están asociados con los ayuntamientos y, más concretamente, con la gestión del urbanismo. En general sabemos que la corrupción tiene efectos perversos para un país:

1.    Hace que las instituciones funcionen peor,

2.    Erosiona el capital social  

3.    Conlleva importantes ineficiencias económicas.

Los ciudadanos, en las elecciones, harían a los gobiernos responsables por sus acciones pasadas. Sin embargo, en la mayoría de los casos los imputados por corrupción vuelven a ser reelegidos. De acuerdo con ello, aquellos alcaldes que fueron corruptos pero realizaron actividades de recalificación o especulación urbanística perdieron solo un 2% voto en promedio mientras que los que se implicaron en prácticas que les reportaban un beneficio estrictamente individual perdieron el 4%. Esta evidencia apunta cómo el urbanismo se ha convertido en un elemento clave para entender el grado de impunidad electoral de la corrupción. Ello, unido al desarrollo de redes clientelares para la financiación de estas actividades, está detrás de muchos de los principales escándalos de corrupción en nuestro país.

Parece razonable pensar que con la crisis económica esta impunidad puede haberse relajado ante la ausencia de rentas a repartir pero lo esencial del modelo que ha permitido y permite la corrupción urbanística no ha sido anulado.

La existencia de una aproximación ideológica a los escándalos de corrupción, que sumada a unos medios partidistas y polarizados, implicaría no darle credibilidad a los escándalos que afectan a los partidos propios pero sí a los del rival y se conecta con el cinismo político, por el cual todos los partidos son vistos como igualmente corruptos y, por lo tanto, los ciudadanos no castigan este comportamiento ante la creencia de que toda la oferta electoral es semejante.

Deroga parte de la ley del Suelo del 98, por invadir parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. De nuevo recae toda la responsabilidad sobre las comunidades autónomas, generando los nuevos planes urbanísticos en su territorio, sin que el estado tenga potestad sobre ellos. Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos.

Los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado la forma de cobrar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años. La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo.

Los promotores y constructores pagan a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda. Quede claro que con este mecanismo especulativo el ciudadano nuevamente es el perdedor y los políticos se enriquecen a costa de ese impuesto revolucionario que paga el contribuyente

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta  como transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc., también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal como corrupción urbanística, la calificación del suelo urbano ha provocado que España sea el país de la OCDE donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años. Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo plataformas y ciudadanos españoles.

A la hora de proponer medidas para reducir la corrupción hay que tener en cuenta que no parece que los votantes tengan demasiados incentivos para la corrupción. Las medidas conectadas con un control ciudadano-político pueden tener una eficacia limitada. Por ejemplo, se habla de listas abiertas como una receta fácil e intuitiva contra la corrupción: se podría sancionar más fácilmente al corrupto si se lo pudiera castigar individualizada mente. Sin embargo, la evidencia sociológica no está nada clara en este sentido.

Por el contrario los estudios han focalizado su atención en el establecimiento de sistemas de control horizontal de la corrupción, es decir, en habilitar sistemas de pesos y contrapesos que permitan la prevención de estos comportamientos. Es evidente que en el plano urbanístico, por más que existan sanciones severas, el daño causado por una mala práctica es muy difícil de solventar. De aquí que sea preferible enfatizar propuestas de detección temprana de la corrupción para evitar que se produzca, por más que implique ir a la contra de una opinión pública que pone más el acento en la sanción penal y la regulación.

Uno de los elementos que más fuertemente se asocian con la corrupción política es el grado de discrecionalidad que tienen los políticos en el control de las administraciones. La fuerte presión política hace que el edil de turno disponga de un amplio margen para el nombramiento de cargos o establecer contratos. Una primera medida que busque reducir la corrupción debería dirigirse a reducir esta politización administrativa.

Todas las actuaciones encaminadas a aumentar la transparencia de las administraciones públicas serán positivas, incluyendo a la ley de financiación de partidos. En todo caso, dado que este control se realiza principalmente desde los medios de comunicación en la denuncia de corrupción. Romper el alineamiento entre medios y partidos con una despolitización de los medios públicos y no permitir las ayudas públicas a medios privados - por ejemplo vía campañas institucionales

No existen medidas mágicas para solventar los problemas de corrupción. Ahora bien, creo que lejos de centrarnos en el último recurso frente a ella -la sanción penal es imperativo que nos preguntemos cuáles son sus causas y, más concretamente, cómo podemos acabar con los incentivos que existen en nuestro sistema político para que se produzca. Lejos de un mal cultural, la corrupción en España se puede atacar de manera efectiva con un diseño institucional que haga más difícil que se produzca.