LA LEY ORGÁNICA DE MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE).
NACE FUERTEMENTE CUESTIONADA POR LOS PROFESIONALES
DE LA EDUCACIÓN
El
dio 11 concluyó el plazo para presentar enmiendas a la totalidad de la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y pedir así la
devolución al Gobierno del texto presentado. Los distintos agentes sociales hicieron
sus declaraciones a los medios para mostrar su rechazo a esta reforma del
Gobierno y con el que se pretende, entre otros puntos, combatir las altas tasas
de abandono escolar.
To be, or not to be, that is the question:........ |
Más
allá de las incógnitas que despiertan a nivel económico, la LOMCE se ha
granjeado el rechazo de la mayor parte de la comunidad educativa por
la falta de diálogo y de tiempo con la que se ha tratado de imponer.
Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), buque insignia
del departamento dirigido por José
Ignacio Wert, que mas allá de los interrogantes que despierta a
nivel económico, se ha granjeado el rechazo de la mayor parte de la comunidad
educativa, que critica la falta
de diálogo y de tiempo con la que se ha tratado de imponer.
Esta
ley es mercantilista que busca rentabilizar la inversión para que se traduzca
en beneficios económicos y datos más positivos de desempleo, pero que no busca
humanizar y formar personas que desarrollen una sociedad más justa e
igualitaria. Y su objetivo es introducir una serie de variaciones respecto a la
LOE para reducir los niveles de abandono
escolar y mejorar la sostenibilidad
económica del sistema. Sin embargo dichas estrategias se han probado inútiles y
suponen un retroceso en el tiempo.
La
desregulación del currículum (más autonomía en los centros), que pretende
mejorar la motivación y los resultados académicos mediante la diferenciación de
los centros entre sí (instaurándose colegios
bilingües, institutos sólo tecnológicos, etc.) no satisface a
los agentes de la escuela pública. Los centros escolares deberían adecuarse a
las necesidades de sus alumnos y no los alumnos a las características de sus
colegios.
Respecto a la implantación la evaluación
externa y reválidas en Primaria, ESO y Bachillerato. En un año, el presupuesto
de Educación ha perdido 5.000 millones de euros (un punto del PIB), y aún
faltan 6.000 más para cumplir con Bruselas. Esta fórmula, pretende examinar los
conocimientos adquiridos al final de cada etapa por los alumnos, se considera
un anacronismo ineficaz" para luchar contra el fracaso escolar. Las
evaluaciones son una foto fija, no miden el valor
añadido de la enseñanza, critican. Hay que tener en cuenta con
qué colectivos se trabaja, de dónde se partía y dónde se ha acabado. Todo lo
demás se reduce a la elaboración de rankings, justifican.
El incremento
de costes y tasas frente a la rebaja en las becas, es sin duda el principal
escollo al que se enfrenta el anteproyecto de Wert. De los 11.000 millones de
euros de recorte en Educación comprometidos con Bruselas hasta 2015, ya se han
ajustado más de 5.000 millones (1
punto del PIB en tan sólo un año). Las distintas asociaciones critican la
pérdida de medios y de calidad en la enseñanza que este 'tijeretazo' lleva
implícito.
Las
tasas universitarias han subido como mínimo un 40%, se han creado nuevas
matrículas para la FP, se han suprimido en muchas CCAA las becas de comedor y
libros de texto y las becas de movilidad universitarias han sufrido un fuerte
ajuste.
La
LOMCE plantea 4º de la ESO como un curso de iniciación con vistas a dos
itinerarios diferenciados: uno 'profesional y otro académico, es decir, un
grado medio de FP o el Bachillerato. Esta bifurcación es la responsable del
sobrecoste que tendrá, ya que implica un gasto de 229 millones de euros del
total de 408 millones. Los docentes nos preguntamos: si ese dinero no estaría
mejor invertido en profesores de refuerzo
que no animaran a tirar la toalla a la primera oportunidad. La nueva Ley contempla una compactación de las asignatura
optativas y de las materias de modalidad en el Bachillerato. Esto implica una
reducción de la carga horaria de los profesores y, por tanto, una
reducción latente en el número de docentes necesarios.
La
memoria económica del anteproyecto de Wert estima que podrían ahorrarse 91,7
millones de euros en gastos
de personal, el equivalente a 2.534 profesores en toda España.
"Es algo inaudito que una reforma de la ley educativa pretenda ahorrar
costes mediante la eliminación de profesores", aseguran.
En estos supuestos, las Administraciones educativas podrán trasladar al personal funcionario a centros educativos distintos al de su destino, de manera motivada y respetando sus retribuciones y condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. El personal funcionario tendrá derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 81.2 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.”
ResponderEliminarEl anteproyecto de la LOMCE no recoge ninguna modificación respecto al procedimiento para determinar el personal desplazado o suprimido, ni sobre la situación de dicho personal.
EliminarLo que puede haber oído es que en el primer borrador (ya va por la tercera versión del mismo) aparecía la siguiente disposición adicional:
“Disposición transitoria xx. Asignación de funciones al personal funcionario perteneciente a alguno de los cuerpos docentes recogidos en la disposición adicional séptima de esta ley orgánica.
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas,
establecerá las condiciones y los requisitos de titulación, formación o experiencia para que, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, las Administraciones educativas, por necesidades de servicio o funcionales, puedan asignar el desempeño de funciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas distintas de las asignadas a su cuerpo con carácter general, al personal funcionario perteneciente a alguno de los cuerpos docentes recogidos en la disposición adicional séptima de esta ley orgánica.
En estos supuestos, las Administraciones Educativas podrán trasladar al personal funcionario a centros educativos distintos al de su destino, de manera motivada y respetando sus retribuciones y las condiciones esenciales de trabajo, modificando en su caso, la adscripción de los puestos de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la voluntariedad de los traslados. El personal funcionario tendrá derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 81.2 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público”.
Pero debe tener en cuenta la redacción de esta disposición puede sufrir modificaciones ya que está en fase de tramitación y que además esta Ley deberá ser objeto de desarrollo, por lo que habrá que estar a la redacción definitiva y su desarrollo legislativo.