Cada vez que se anuncia un nuevo recorte

TENDEMOS A VOTAR BAJO CRITERIOS DISTINTOS . 

 

De los que lo haríamos para un gestor de nuestras cuentas. En este sentido, factores como la deuda de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o un país nos parece poco importante a la hora de evaluar la gestión y decidir, en consecuencia, nuestro voto

Cada vez que se anuncia un nuevo recorte o que el paro o los desahucios aparecen como tristes manifestaciones sociales de la delicada situación por la que atraviesa España, arrecian las críticas contra el poder al que se atribuyen que no acaban de aportar soluciones definitivas contra la crisis. Asumiendo la cuota que corresponde la primera obligación que tiene el gobierno es la de transmitir la realidad exacta de nuestra situación.

Parece que solo puede existir la austeridad a ultranza, o las políticas intervencionistas frente a las liberales. Todo ello es lógico fruto de un ambiente social de aflicción. Y en medio de este desconsuelo, a uno le da por pensar que buena parte de la solución está ahí, en la sociedad española, y que esta crisis va a dejar, además de mucho dolor, un aprendizaje valioso que puede ayudar a cambiar las cosas.

Tal vez por eso se móvil izó contra las ejecuciones de desahucio por impago de hipotecas. La reacción se organizó bien y con un ritmo vertiginoso harta conseguir lo que parecía imposible que una comisión de siete jueces pusiera el dedo en la llaga con un contundente informe contra el marco legal que permite abusos de ley. Esa contestación frente al drama de los desahucios desde estamentos, antes aparentemente pasivos, se concienciaron de una realidad que estaba a punto de generar un conflicto social sin precedentes. La presión social, espoleada también por varios suicidios de afectados, y fue lo suficientemente intensa como para que el Gobierno tomara cartas en el asunto intentando un pacto con el PSOE y pidiendo una señal contundente a la banca. Esta respondió con una decisión histórica decretando unilateralmente una moratoria de dos años para casos de “extrema necesidad” que las cajas han ampliado a todas las ejecuciones hipotecarias hasta que haya un nuevo marco legal.

Los dos grandes partidos, antes remisos a buscar una solución duradera, iniciaron ayer sus contactos formales para pactar una nueva legislación que acabe con los abusos. Ambas formaciones buscan medidas de urgencia como las adoptadas por el sector financiero que aliviarán la penosa situación de decenas de familias. Solo por ello, son iniciativas que merecen ser aplaudidas. Pero se equivocaría el Gobierno si creyera que tales indultos temporales son suficientes para reconducir la situación. Al informe de los jueces se han sumado los 46 decanos de toda España. Varios ayuntamientos amenazan con retirar sus fondos de una entidad bancaria si en sus municipios esta ejecuta un desahucio más. El principal sindicato policial dice que apoyará a los agentes que se nieguen a intervenir en un desalojo aunque estén cumpliendo la ley: mala decisión.

La raíz del problema no es la insolvencia de los ciudadanos más vulnerables y más castigados por la crisis. Es importante elevar el llamado “umbral de exclusión” para que no solo se beneficien de las nuevas medidas los que estuvieran prácticamente en la indigencia. Extender el alquiler social y dar salida así a ese amplio parque de viviendas vacías es una buena opción. Pero el Gobierno debe tener claro que el problema fundamental radica en un marco jurídico rechazado por el 95% de la población, que permite otorgar a los inmuebles dos valores de tasación distintos, de adquisición y de ejecución; este último más bajo, habitualmente, que ampara un sistema de subastas muchas veces amañado, que da por buenos unos intereses de demora que multiplican la deuda original, que dificulta la dación en pago y que, en definitiva, no da margen al deudor de buena fe para sortear el problema que se le ha presentado. De ahí la necesidad de ese cambio normativo por vía de urgencia. Demorarlo durante meses sería un desatino.

Con esta crisis los ciudadanos se van a volver más exigentes y a pedir a los políticos, a las instituciones más responsabilidad. En todo caso, para que esa conciencia se extienda de forma efectiva es preciso que se ayude a los ciudadanos a comprender dónde deben estar los elementos de juicio. Dicho sea de paso, tendemos a votar a un alcalde o a cualquier otro cargo público bajo criterios distintos de los que lo haríamos para un gestor de nuestras cuentas. En este sentido, factores como la deuda de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma o un país nos parece poco importante a la hora de evaluar la gestión y decidir, en consecuencia, nuestro voto. Pues bien, baste pensar en los esfuerzos que se exigen ahora a España para entender la importancia del rigor en la gestión. También es preciso contar con una conciencia generacional, algo que siempre ha existido, pero cuya necesidad puede acrecentarse ahora. Baste pensar que la factura de la resolución de la crisis la están pagando principalmente dos generaciones de españoles a los que, aparte de ese coste, les va a ser difícil acceder a los prometidos beneficios del Estado de bienestar. Y el Estado de bienestar es posible, porque lo ha sido y puede seguir siéndolo, pero se manifiesta también la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia de lo que cuesta mantenerlo y de cuánto se aporta y cuánto se recibe de ese sistema.