BARAÚNDA DE LAS TARJETAS.
Su
bulto económico es una nimiedad en comparación con la deuda para los españoles por
la pésima y punible gestión de Caja Madrid. MÁS DE 24.000 MILLONES DE EUROS
(CUATRO BILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS, nos va a costar la broma, sin contar
los intereses devengados por la parte del rescate bancario que fue a tapar su
agujero. Sin embargo, nadie ha depurado aún responsabilidades políticas, pese
las fundadas sospechas de que ni el Banco de España, ni la Comunidad de Madrid,
en manos de Esperanza Aguirre que también tenía funciones de control, actuaron
en su momento con la debida diligencia.
Ahora
sí, el presidente de la CAM, Ignacio González del PP, ha cesado sin pérdida de
tiempo a su director general de Economía, que fue uno de los beneficiarios de
las tarjetas en tiempos de Blesa. Otro de ellos, Carmen Cafranga, que estaba al
frente de la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Caja Madrid, presentó
su dimisión ayer, pocas horas después de que los detalles de la infamia, con
los nombres y apellidos de sus principales responsables, aparecieran en la
prensa.
Tal
vez por eso, sorprende la rapidez con que han reaccionado el PP y el PSOE ante
el último pelotazo: casi un centenar de consejeros y altos directivos de la
entidad y antes de Caja Madrid dispusieron durante más de una década de
tarjetas de crédito sin rendir cuentas a nadie. Era, literalmente, dinero negro
de plástico, porque se cuidaron mucho de declarar a Hacienda. Con él gastaron a
manos llenas en comidas, viajes y ropa. Hasta efectivo sacaron con esas mágicas
tarjetas, que todo lo conseguían y, por si fuera poco, parecía que ni siquiera
dejaban huella.
Porque
dudo mucho que quienes tan alegremente se los gastaron, entre los que figuran
sindicalistas y empresarios, vayan a tener ahora la decencia de devolver hasta
el último euro y a liquidar con el fisco todo lo que eludieron. Es verdad que
tres de ellos, incluido Rato, ya lo han devuelto en previsión de males mayores;
pero hay que hacer un gran esfuerzo para imaginar que el resto vaya a seguir su
ejemplo. De entrada, algunos han puesto la excusa de que se les había asegurado
que todo era legal, sin duda con objeto de esquivar las consecuencias
económicas y penales del caso. Quizás esperan que nos creamos que eran los
tontos más listos del pueblo.