LOS PLANES
GENERALES Y PARCIALES REDACTADOS EN LOS AYUNTAMIENTOS DEBEN SER ANALIZADOS CON
LUPA.
Los
técnicos de la CAM tienen la obligación de conocer los antecedentes que
conlleva cada Plan.
Es conocido que muchos de los
problemas de corrupción en España están asociados con los ayuntamientos y, más
concretamente, con la gestión del urbanismo. En general sabemos que la
corrupción tiene efectos perversos para un país:
1.
Hace que las instituciones funcionen peor,
2.
Erosiona el capital social
3.
Conlleva importantes ineficiencias
económicas.
Los ciudadanos, en las
elecciones, harían a los gobiernos responsables por sus acciones pasadas. Sin
embargo, en la mayoría de los casos los imputados por corrupción vuelven a ser
reelegidos. De acuerdo con ello, aquellos alcaldes que fueron corruptos pero
realizaron actividades de recalificación o especulación urbanística perdieron
solo un 2% voto en promedio mientras que los que se implicaron en prácticas que
les reportaban un beneficio estrictamente individual perdieron el 4%. Esta
evidencia apunta cómo el urbanismo se ha convertido en un elemento clave para
entender el grado de impunidad electoral de la corrupción. Ello, unido
al desarrollo de redes clientelares para la financiación de estas actividades,
está detrás de muchos de los principales escándalos de corrupción en nuestro
país.
Parece razonable pensar que
con la crisis económica esta impunidad puede haberse relajado ante la ausencia
de rentas a repartir pero lo esencial del modelo que ha permitido y permite la
corrupción urbanística no ha sido anulado.
La existencia de una
aproximación ideológica a los escándalos de corrupción, que sumada a unos
medios partidistas y polarizados, implicaría no darle credibilidad a los
escándalos que afectan a los partidos propios pero sí a los del rival y se
conecta con el cinismo político, por el cual todos los partidos son vistos como
igualmente corruptos y, por lo tanto, los ciudadanos no castigan este
comportamiento ante la creencia de que toda la oferta electoral es semejante.
Deroga parte de la ley del
Suelo del 98, por invadir parte de las competencias de las Comunidades
Autónomas y de los Ayuntamientos. De nuevo recae toda la responsabilidad sobre
las comunidades autónomas, generando los nuevos planes urbanísticos en su
territorio, sin que el estado tenga potestad sobre ellos. Esta
descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos
servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos.
Los ayuntamientos tienen una
gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado la
forma de cobrar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo
es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de
suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar
con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40
años. La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta
20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la
recalificación del suelo.
Los promotores y
constructores pagan a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la
calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas cuantiosas
sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final
pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que
va incluido en el elevado precio de la vivienda. Quede claro que con este
mecanismo especulativo el ciudadano nuevamente es el perdedor y los políticos
se enriquecen a costa de ese impuesto revolucionario que paga el contribuyente
La consecuencia indeseada es
que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los
promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que
presta como transporte público,
polideportivos, limpieza de calles, etc., también los políticos que gobiernan
esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal como
corrupción urbanística, la
calificación del suelo urbano ha provocado que España sea el país de la
OCDE donde el precio de la vivienda ha
subido más en los últimos años. Esta situación fue también denunciada en
el Parlamento Europeo plataformas y ciudadanos españoles.
A la hora de proponer medidas para reducir la
corrupción hay que tener en cuenta que no parece que los votantes tengan
demasiados incentivos para la corrupción. Las medidas conectadas con un control
ciudadano-político pueden tener una eficacia limitada. Por ejemplo, se habla de
listas abiertas como una receta fácil e intuitiva contra la corrupción: se
podría sancionar más fácilmente al corrupto si se lo pudiera castigar
individualizada mente. Sin embargo, la evidencia sociológica no está nada clara
en este sentido.
Por el contrario los estudios han focalizado su
atención en el establecimiento de sistemas de control horizontal de la
corrupción, es decir, en habilitar sistemas de pesos y contrapesos que permitan
la prevención de estos comportamientos. Es evidente que en el plano
urbanístico, por más que existan sanciones severas, el daño causado por una
mala práctica es muy difícil de solventar. De aquí que sea preferible enfatizar
propuestas de detección temprana de la corrupción para evitar que se produzca,
por más que implique ir a la contra de una opinión pública que pone más el
acento en la sanción penal y la regulación.
Uno de los elementos que más fuertemente se asocian
con la corrupción política es el grado de discrecionalidad que tienen los
políticos en el control de las administraciones. La fuerte presión política
hace que el edil de turno disponga de un amplio margen para el nombramiento de
cargos o establecer contratos. Una primera medida que busque reducir la
corrupción debería dirigirse a reducir esta politización administrativa.
Todas las actuaciones encaminadas a aumentar la
transparencia de las administraciones públicas serán positivas, incluyendo a la
ley de financiación de partidos. En todo caso, dado que este control se realiza
principalmente desde los medios de comunicación en la denuncia de corrupción.
Romper el alineamiento entre medios y partidos con una despolitización de los
medios públicos y no permitir las ayudas públicas a medios privados - por
ejemplo vía campañas institucionales
No existen medidas mágicas para solventar los
problemas de corrupción. Ahora bien, creo que lejos de centrarnos en el último
recurso frente a ella -la sanción penal es imperativo que nos preguntemos
cuáles son sus causas y, más concretamente, cómo podemos acabar con los
incentivos que existen en nuestro sistema político para que se produzca. Lejos
de un mal cultural, la corrupción en España se puede atacar de manera efectiva
con un diseño institucional que haga más difícil que se produzca.
