Universidad española

SEGÚN EL INFORME DEL MINISTRO WERT: LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA REQUIERE UNA PROFUNDA REFORMA.

El informe de Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español’, elaborado por una  comisión de expertos nombrada por el ministro Wert. Según las conclusiones de los expertos: la Universidad española requiere una profunda reforma.

Este informe aporta una serie de recomendaciones dirigidas a replantear todos los aspectos fundamentales: el gobierno de las universidades, la selección de su profesorado, la gestión económica o la evaluación de resultados, todo ello, según el informe, va  dirigido a mejorar la eficiencia de las instituciones universitarias. El mapa universitario actual está conformado por 50 universidades públicas y 31 privadas, que integran 236 campus, y que en su conjunto atienden a un millón y medio de estudiantes.

El trabajo que básicamente hace referencia a las Universidades Públicas cuestiona una serie de aspectos vinculados al carácter democrático de las mismas, pero también contradice las actuales líneas de actuación del gobierno español en esta materia, que ha recortado sensiblemente la financiación de las universidades y de los programas nacionales de investigación. Se propone alcanzar el 3% del PIB de inversión en educación superior, ahora es menos del 2%. También reclaman más dinero para becas y ayudas al estudio porque el sistema actual es muy deficiente. El gobierno ha reducido un 75% su aportación al programa de movilidad europea Erasmus y ha eliminado las ayudas al Séneca (movilidad nacional).

 La calidad de las Universidades Españolas es, a juicio de los expertos que forman la comisión, insuficiente y plantea la ausencia de los campus españoles en los rankings de las mejores universidades internacionales. Los expertos  proponen fomentar la competitividad entre las universidades. Más financiación y en base a resultados. También recomiendan vincular entre el 20 y el 25% de los presupuestos de las universidades públicas a los resultados de investigación y docencia.

El informe plantea límites a la autonomía de las universidades, reconocida por la Constitución española. Da una gran relevancia a la figura del rector, otorgándole amplios poderes,  sería elegido cada cinco años (de entre académicos candidatos de cualquier parte del mundo) por un Consejo de la Universidad en el que entrarían a participar las comunidades autónomas, es decir la clase política. Además, habría una doble vía de acceso al profesorado: una para ser titulares y catedráticos funcionarios y otra para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos.

Cabe pensar que las universidades no van a ver con buenos ojos que se limite su autonomía, que se merme su capacidad para gestionar con un control democrático sus políticas como ocurre ahora, o la injerencia de los gobiernos autónomos, en un marco general de desprestigio de la clase política. El Claustro pasaría a ser “órgano consultivo”. Y ámbitos como las Juntas de Facultad se propone que tengan un número reducido de miembros.

También se propone en el informe la reordenación de la oferta de títulos y la especialización. Se considera que la oferta es excesiva y hay que contenerla, dice el texto. Por eso, proponen establecer a escala nacional un número mínimo de alumnos (que puede ser flexible en función de la zona y el área de conocimiento) por debajo del cual habría que eliminar una titulación de una campus concreto y que comunidades y universidades reflexionen sobre la posible reducción de los campus, facultades, departamentos, etc. No todas las universidades pueden ser generalistas, debe propiciarse un proceso de especialización que permita la supervivencia de las mejores..

Aquí se abre un debate sobre cómo se debe entender un servicio público como el que ofrece la universidad española, cómo debe entenderse la excelencia universitaria, cómo debe interpretarse la eficiencia y cómo debe medirse. Recortar la representación y los órganos democráticos no parece compatible con la transparencia que los mismos expertos exigen en su informe. La eficiencia económica no siempre se compadece con la eficiencia de la sabiduría. No solo está en cuestión la supervivencia económica de las universidades, también lo está que la reflexión y la capacidad crítica se mantengan en las aulas universitarias.

Es razonable agrupar aquellas titulaciones y carreras universitarias que no tienen demanda" y de estudiar la posibilidad de impartir "solo en una universidad pública" las titulaciones que tengan "muy poca respuesta" en estas instituciones.