UGT DEBE ACLARNOS QUE OCURRIO
EN ANDALUCIA.
Méndez, no debe
conformarse con paños calientes. Porque la formación en su conjunto
difícilmente escapará al impacto del escándalo en Andalucía.
La jueza investiga las facturas falsas de la UGT
andaluza, mientras la Fiscalía Anticorrupción sopesa una denuncia de Manos
Limpias contra UGT por presunta desviación de fondos destinados a la formación
para el empleo.
Los sindicatos, que reciben también fondos públicos,
deben regirse por unos criterios de transparencia que prácticamente no han
existido hasta la fecha. Un manto de relativo silencio ha protegido su
funcionamiento económico, sin embargo esa situación resulta cada vez más
insostenible no solo frente a políticos o empresarios, sino, también, de cara a
los sectores sociales afectados por la crisis. Tal vez por eso UGT, tienen que
poner todo su peso orgánico al servicio de una rápida y completa clarificación,
en vez de envolverse en “la historia de la organización y de las generaciones
de sindicalistas que han dedicado su vida a la defensa de la clase
trabajadora”, como hizo ayer el Comité Confederal de UGT, o de esgrimir la
paupérrima excusa de que se le ha abierto una causa general.Además, pretende
enfriar el escándalo, sin facilitar los resultados de su investigación interna
y se toma con demasiada calma las aclaraciones y exigencia de
responsabilidades, aplazando seis semanas (hasta el 9 de enero) las explicaciones
de la dirección regional, encabezada por Francisco Fernández Sevilla como
secretario general de la UGT andaluza.
Las siglas de este sindicato histórico no tienen la
culpa de nada, pero sí las personas que hacen lo que no debieron al amparo de
aquellas, y cuyas andanzas sirven de pretexto a los que desean el hundimiento
de las estructuras sindicales como resortes de una resistencia social
identificable y a cara descubierta. La dependencia de los sindicatos respecto
de la financiación pública les hace vulnerables y puede haberles acomodado a
corruptelas o prácticas ilegales.