Crisis sindical

UGT DEBE ACLARNOS QUE OCURRIO EN ANDALUCIA.

Méndez, no debe conformarse con paños calientes. Porque la formación en su conjunto difícilmente escapará al impacto del escándalo en Andalucía.

La jueza investiga las facturas falsas de la UGT andaluza, mientras la Fiscalía Anticorrupción sopesa una denuncia de Manos Limpias contra UGT por presunta desviación de fondos destinados a la formación para el empleo.

Los sindicatos, que reciben también fondos públicos, deben regirse por unos criterios de transparencia que prácticamente no han existido hasta la fecha. Un manto de relativo silencio ha protegido su funcionamiento económico, sin embargo esa situación resulta cada vez más insostenible no solo frente a políticos o empresarios, sino, también, de cara a los sectores sociales afectados por la crisis. Tal vez por eso UGT, tienen que poner todo su peso orgánico al servicio de una rápida y completa clarificación, en vez de envolverse en “la historia de la organización y de las generaciones de sindicalistas que han dedicado su vida a la defensa de la clase trabajadora”, como hizo ayer el Comité Confederal de UGT, o de esgrimir la paupérrima excusa de que se le ha abierto una causa general.Además, pretende enfriar el escándalo, sin facilitar los resultados de su investigación interna y se toma con demasiada calma las aclaraciones y exigencia de responsabilidades, aplazando seis semanas (hasta el 9 de enero) las explicaciones de la dirección regional, encabezada por Francisco Fernández Sevilla como secretario general de la UGT andaluza.

Las siglas de este sindicato histórico no tienen la culpa de nada, pero sí las personas que hacen lo que no debieron al amparo de aquellas, y cuyas andanzas sirven de pretexto a los que desean el hundimiento de las estructuras sindicales como resortes de una resistencia social identificable y a cara descubierta. La dependencia de los sindicatos respecto de la financiación pública les hace vulnerables y puede haberles acomodado a corruptelas o prácticas ilegales.