Menos democracia

LA INSEGURIDAD CIUDADANA NO ES UN PROBLEMA PARA LA CIUDADANÍA, SÍ UN PROBLEMA PARA EL GOBIERNO Y UNA VÍA RECAUDATORIA.

No ocurre igual con del paro, los políticos, los recortes o la corrupción.

La nueva medida que ahora pretende el Gobierno, me recuerda al TOP¹ de la última etapa del franquismo.

España es uno de los países con las tasas más bajas de delincuencia de toda Europa. De las más de 4.000 manifestaciones que el año pasado se celebraron en Madrid en apenas diez se registraron altercaciones.

La inseguridad ciudadana figura en el décimo tercer puesto entre los problemas destacados por los ciudadanos, muy alejados del paro, los políticos, los recortes o la corrupción, según el sondeo del CIS del mes de octubre.

La nueva ley sanciona, administrativamente, conductas que el Código Penal recogía como faltas pero dándoles ahora un castigo económico mucho mayor y sin las garantías que para un ciudadano otorga un juicio. Con su puesta en vigor, la acción se castigará, con hasta 600.000 euros, y se ejecutará, posibilitando, incluso, el embargo.

Al sancionado le quedará la vía de lo contencioso administrativo para recurrir, con el hándicap de las tasas que habrá de pagar después de haber cumplido con la multa. Hasta ahora, las sanciones se disponían dependiendo de la capacidad económica del infractor, siempre con garantía judicial y sin la obligación de pagar hasta que el proceso se considerara probado.

Ahora el gobierno en mayoría pretende protegerse arrogándose la capacidad de sancionar conductas con discrecionalidad extrema y conceptos jurídicos indeterminados, que pueden llevar a actuar de manera muy autoritaria. España es una sociedad pacífica, no hay revueltas sociales y, sin embargo, el Gobierno la cree necesaria con un miedo inexplicable. Va a provocar más crispación porque va a suponer recorte de derechos.

(1)    El Tribunal de Orden Público, también conocido como TOP, fue una instancia judicial especial existente en la fase final del franquismo. Su misión fue la represión de las conductas que bajo ese régimen dictatorial eran consideradas delitos políticos.