CON LA QUE ESTÁ CAYENDO
No es una coincidencia que las empresas citadas en los “Papeles de Bárcenas” hayan sido beneficiarias del Plan de Infraestructuras Sanitarias en Madrid entre 2004 y 2011.
No es una coincidencia que las empresas citadas en los “Papeles de Bárcenas” hayan sido beneficiarias del Plan de Infraestructuras Sanitarias en Madrid entre 2004 y 2011.
EQUO (partido político
español ecologista y socialista creado en 2011), defiende que tras el expolio
de la sanidad pública madrileña existe una extensa red de intereses privados y
partidistas. Las sospechas se han confirmado tras la publicación de los
“Papeles de Bárcenas” en los que aparecen las empresas
Sacyr-Vallehermoso, OHL, FCC, constructora Hispánica y Ploder, todas
ellas beneficiarias de las privatizaciones de seis hospitales públicos
madrileños. De confirmarse éstas donaciones al PP, se violaría la Ley de
Partidos, no sólo por sobrepasar la máxima cantidad legal sino por realizarlas
empresas con contratos en vigor con la Administración.
Las empresas antes
mencionadas son algunas de las que, según los papeles de Bárcenas difundidos
por El País, hicieron donaciones al PP. Estas entidades, efectuaron
estos supuestos pagos durante los contratos de construcción y posterior
explotación de los servicios no sanitarios de los seis hospitales que la
Comunidad de Madrid quiere privatizar y son: Infanta
Cristina de Parla, Hospital del Henares de Coslada, Hospital del Sureste de
Arganda, Hospital del Tajo de Aranjuez, Infanta Leonor de Vallecas y el
Hospital de Torrejón.
El grupo eco socialista, ha preciado
a la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada, que se investigue las adjudicaciones para la
construcción de hospitales y la explotación de servicios no hospitalarios entre
2004 y 2009, además de "las modificaciones de condiciones de las
concesiones de hospitales y de los laboratorios clínicos".
Inés Sabanés, de EQUO,
argumenta en su escrito que en 2010 que el Gobierno de la Comunidad
"realizó modificaciones sobre los cánones a pagar" por los seis
hospitales que ahora quiere privatizar y recuerda que el informe del Tribunal
de Cuentas ya indicó que "no se habrían producido de forma regular las
liquidaciones en años anteriores". "Ello podría significar un trato de favor a estas concesionarias en detrimento del
conjunto del sistema sanitario", concluye Inés Sabanés,
portavoz de EQUO en Madrid, que esa modificación fue "un proceso de
rescate a las mismas empresas" vinculadas a los papeles de Bárcenas.
EQUO hace mención especial
del caso de Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por el que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó 11 millones de más a la empresa
adjudicataria. "El contrato entre la Comunidad de Madrid y la UTE (Dragados, ACS, Bovis Lend Lease y Sufi, comprada esta
última después por Sacyr) a la que se adjudicó el concurso tiene un plazo de 30
años, durante los cuales la Administración le abona un canon anual",
recuerda Inés Sabanés, portavoz de EQUO en Madrid.
Sobre los procesos de
concesión y contratos de los laboratorios clínicos, que afectan directa o
indirectamente al denominado Plan de infraestructuras sanitarias de la
Comunidad de Madrid. Inés Sabanés afirma, que "han estado inmersos en una
gestión temeraria, con total opacidad y una
clara trama de intereses con gran perjuicio para todos los ciudadanos". EQUO,
recuerda el caso de UNILABS, una empresa de la que formaba parte el ex
consejero de Sanidad Juan José Güemes, a la que él mismo adjudicó el servicio
público de análisis clínicos de los seis hospitales que ahora privatizará el
consejero Javier Fernández Lasquetty.
"Todo ello ha generado
un grave conflicto y gran alarma social. Se han podido producir además de
perjuicios para las arcas públicas en beneficio de concesionarias y en las que
las decisiones tienen apariencia delictiva", remata la formación liderada
por Juan López de Uralde. Sabanés reitera que
el proceso de privatización de la sanidad madrileña “está bajo sospecha" y
por eso debe ser investigado.
La semana pasada, los
socialistas solicitaron a la Audiencia Nacional que abra una pieza separada en
la investigación del caso Bárcenas,
al vincular las
privatizaciones de hospitales puestas en marcha por el Gobierno
de la ex presidenta Esperanza Aguirre, con el dinero negro supuestamente donado
por empresarios al PP, y que fue anotado en las cuentas del ex tesorero de los
conservadores.
¿Así es cómo la sanidad
privada es más barata que la pública? Un hospital cerrado le cuesta a la CAM
900.000 /mes, básicamente en amortización. Según mis cuentas, el período de
amortización sería de 12 a 15 años, ¿es normal este período de amortización
para un hospital? Algo huele a podrido, pero ¿qué podemos esperar? No hay que
olvidar que el consejero delegado de Capio en España es el marido de la
secretaria general del PP.