Estar donde estoy, me costo lo vuestro

CON LA QUE ESTÁ CAYENDO

No es una coincidencia que las empresas citadas en los “Papeles de Bárcenas” hayan sido beneficiarias del Plan de Infraestructuras Sanitarias en Madrid entre 2004 y 2011.

EQUO (partido político español ecologista y socialista creado en 2011), defiende que tras el expolio de la sanidad pública madrileña existe una extensa red de intereses privados y partidistas. Las sospechas se han confirmado tras la publicación de los “Papeles de Bárcenas” en los que aparecen las empresas Sacyr-Vallehermoso, OHL, FCC, constructora Hispánica y Ploder, todas ellas beneficiarias de las privatizaciones de seis hospitales públicos madrileños. De confirmarse éstas donaciones al PP, se violaría la Ley de Partidos, no sólo por sobrepasar la máxima cantidad legal sino por realizarlas empresas con contratos en vigor con la Administración. 

Las empresas antes mencionadas son algunas de las que, según los papeles de Bárcenas difundidos por El País, hicieron donaciones al PP. Estas entidades, efectuaron estos supuestos pagos durante los contratos de construcción y posterior explotación de los servicios no sanitarios de los seis hospitales que la Comunidad de Madrid quiere privatizar y son: Infanta Cristina de Parla, Hospital del Henares de Coslada, Hospital del Sureste de Arganda, Hospital del Tajo de Aranjuez, Infanta Leonor de Vallecas y el Hospital de Torrejón.

ESTAR DONDE ESTOY, ME COSTO LO VUESTRO

El grupo eco socialista, ha preciado a la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que se investigue las adjudicaciones para la construcción de hospitales y la explotación de servicios no hospitalarios entre 2004 y 2009, además de "las modificaciones de condiciones de las concesiones de hospitales y de los laboratorios clínicos".  

Inés Sabanés, de EQUO, argumenta en su escrito que en 2010 que el Gobierno de la Comunidad "realizó modificaciones sobre los cánones a pagar" por los seis hospitales que ahora quiere privatizar y recuerda que el informe del Tribunal de Cuentas ya indicó que "no se habrían producido de forma regular las liquidaciones en años anteriores". "Ello podría significar un trato de favor a estas concesionarias en detrimento del conjunto del sistema sanitario", concluye Inés Sabanés, portavoz de EQUO en Madrid, que esa modificación fue "un proceso de rescate a las mismas empresas" vinculadas a los papeles de Bárcenas.

EQUO hace mención especial del caso de Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por el que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó 11 millones de más a la empresa adjudicataria. "El contrato entre la Comunidad de Madrid y la UTE (Dragados, ACS, Bovis Lend Lease y Sufi, comprada esta última después por Sacyr) a la que se adjudicó el concurso tiene un plazo de 30 años, durante los cuales la Administración le abona un canon anual", recuerda Inés Sabanés, portavoz de EQUO en Madrid. 

Sobre los procesos de concesión y contratos de los laboratorios clínicos, que afectan directa o indirectamente al denominado Plan de infraestructuras sanitarias de la Comunidad de Madrid. Inés Sabanés afirma, que "han estado inmersos en una gestión temeraria, con total opacidad y una clara trama de intereses con gran perjuicio para todos los ciudadanos". EQUO, recuerda el caso de UNILABS, una empresa de la que formaba parte el ex consejero de Sanidad Juan José Güemes, a la que él mismo adjudicó el servicio público de análisis clínicos de los seis hospitales que ahora privatizará el consejero Javier Fernández Lasquetty.

"Todo ello ha generado un grave conflicto y gran alarma social. Se han podido producir además de perjuicios para las arcas públicas en beneficio de concesionarias y en las que las decisiones tienen apariencia delictiva", remata la formación liderada por Juan López de Uralde. Sabanés reitera que el proceso de privatización de la sanidad madrileña “está bajo sospecha" y por eso debe ser investigado.

La semana pasada, los socialistas solicitaron a la Audiencia Nacional que abra una pieza separada en la investigación del caso Bárcenas, al vincular las privatizaciones de hospitales puestas en marcha por el Gobierno de la ex presidenta Esperanza Aguirre, con el dinero negro supuestamente donado por empresarios al PP, y que fue anotado en las cuentas del ex tesorero de los conservadores.

¿Así es cómo la sanidad privada es más barata que la pública? Un hospital cerrado le cuesta a la CAM 900.000 /mes, básicamente en amortización. Según mis cuentas, el período de amortización sería de 12 a 15 años, ¿es normal este período de amortización para un hospital? Algo huele a podrido, pero ¿qué podemos esperar? No hay que olvidar que el consejero delegado de Capio en España es el marido de la secretaria general del PP.