ESTAMOS
ANTE UN ESCENARIO NUEVO EN LA SANIDAD
Exigir
la derogación del RD de Ley 16/2012.
Desde la retirada de una parte del
Plan de privatización sanitaria y la dimisión de Fernández Lasquetty, se han
venido sucediendo nuevos hechos que, junto a las campañas de todas las
organizaciones y colectivos que formamos la Marea Blanca, dan como resultado
una situación distinta y un escenario nuevo.
La Audiencia de Madrid ratifica las
imputaciones de Lamela y Güemes por cohecho y prevaricación. Como es bien
sabido ambos habían sido consejeros de sanidad y máximos responsables de la
privatización durante el período de Esperanza Aguirre. Junto a estos dos,
también estaban implicados dos altos directivos como Patricia Flores y Juan
Antonio Burgueño. Ese mismo día, eran
cesados por el nuevo consejero de sanidad y sustituidos por Mariano Alcaraz y
Javier Maldonado.
Actualmente, cuando a una persona le
dan una cita para una operación pequeña: mamografía, escáner o cualquier otra
prueba diagnóstica en una clínica privada; no lo hacen para acabar con las
listas de espera, sino para seguir negociando mediante la transferencia de
pacientes, recursos humanos y dinero a la sanidad privada. Tres de cada diez
euros destinados a la sanidad siguen dirigiéndose a parar a las empresas
metidas en este negocio.
Ninguna otra medida o ley ha supuesto
un retroceso tan grande como la aprobación del RD de Ley 16/2012. Entre otras
cuestiones, ha significado la expulsión del sistema nacional de salud de cerca
de un millón de personas (a las que se las ha privado de su tarjeta sanitaria
por razones tan “humanitarias” como carecer de permiso de trabajo o no estar
inscritos en esos momentos en las listas del INEM). También ha supuesto que dos
personas inmigrantes fallecieran por falta de atención médica; o que los
precios de los medicamentos suban para los trabajadores un 20 por ciento de
media y para los pensionistas un 10%.
Estamos ante un escenario nuevo donde
convergen tres líneas de actuación de la Marea Blanca. La defensa del Centro de
Transfusión, la lucha contra las derivaciones a los centros privados y, por
último, comenzar a propiciar una movilización social para exigir la derogación
del RD de Ley 16/2012.
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