CUALQUIER
ACTUACIÓN CENSURABLE DEBERÁ SER JUZGADA Y SANCIONADA CON ARREGLO A LA LEY.
El Rey Juan Carlos admitió en su discurso navideño la enorme preocupación que siente ante el daño que el caso Nóss hace a la imagen de la Monarquía española, y aprovechó la ocasión para recordar ante miles de espectadores que "LA JUSTICIA ES IGUAL PARA TODOS" y que "las conductas censurables deben ser sancionadas".
Ahora el juez Castro ha
imputado a la Infanta Cristina por un delito de blanqueo de capitales y
otro fiscal presuntamente cometidos por la hija del Rey en su condición de
copropietaria de Aizoon. Es una empresa familiar a la que se desviaron
más de un millón de euros públicos desde el Instituto Nóos. Sin embargo lo verdaderamente paradójico
es que el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que hace tres años
impulsó el caso, difiere del criterio del instructor sobre la Infanta al
sostener que se da "la inexistencia de indicios incriminatorios de los que
pudiera derivarse la imputación".Horrach indica que "no se puede
imputar ni castigar a nadie por lo que es, sino por lo que ha hecho" e,
insiste, "por su presunta participación en los hechos delictivos y no por
su condición".
El abogado de la Infanta Cristina,
Miquel Roca i Junyent, ha anunciado este martes que recurrirá ante la Audiencia
de Palma la imputación de la duquesa de Palma y se ha mostrado "absoluta y
plenamente convencido" de su inocencia.
En el trasfondo de este serial, el
poder no debe hacerse valer para obtener beneficios y al Juez Castro le corresponde
mostrar todos sus talentos para hacer resplandecer los intereses del Estado de
Derecho. Ya que el Monarca en su alocución de Navidad comprendió el malestar social que generan escándalos
de corrupción "Cuando se producen conductas irregulares que no se
ajustan a la legalidad o la ética es natural que la sociedad reaccione",
dijo. Y, ante esa circunstancia, don Juan Carlos reivindicó LA APLICACIÓN DE LA
LEY: "Afortunadamente, vivimos en un Estado de derecho. Todos deseamos que
sea una realidad por el bien democrático.
El juez le ha hecho a la Infanta el favor de imputarla, con lo que está facultada para mentir, no decir la verdad o simplemente, si le conviene, guardar silencio, a diferencia de si la hubiese llamado como testigo con la obligación perentoria de decir la verdad.
ResponderEliminarPero además también le ha hecho favor a la Monarquía, al Rey y a toda su familia. No haberla imputado, con el cúmulo de indicios existentes, los dejaría a todos en situación de sospecha permanente y trato de favor. Habría sido el epitafio político tanto del Rey como de la institución.