NOS ESTAMOS JUGANDO LA DEMOCRACIA.
Los ciudadanos reclaman más información y
persecución a los corruptos
La corrupción, ya sea en forma de
tráfico de influencias o de obtención de favores ilícitos a cambio de dinero u
otros favores, constituye una vulneración de los derechos humanos
por cuanto que entraña una violación del derecho a la igualdad ante la ley,
y en ocasiones, llega
a suponer una transgresión de los principios democráticos, conduciendo a la
sustitución del interés público por el privado de quienes se corrompen. El
fenómeno de la corrupción lleva aparejado un elevado coste social y económico
para toda la ciudadanía que permanece estupefacta ante tanto latrocinio
estructural en ámbitos del poder político.
La corrupción ha empeorado en España, según la opinión de analistas y
empresarios, lo que representa un grave problema para el país, ya que un
aumento de la percepción de la corrupción conlleva una pérdida de la inversión
extranjera. España ha perdido en un sólo año tres puestos en el ranking
de los países menos corruptos, al pasar del lugar 25 al 28, en tanto que su
puntuación ha bajado 0,60 puntos desde 2004, año en el que obtuvo una nota de
7,10, frente al 6,50 que ha logrado últimamente.
Este empeoramiento obedece más al
hecho de que han aflorado los casos de corrupción oculta que existían en
España, principalmente relacionados con el ámbito del urbanismo, que a que la
corrupción haya aumentado realmente. Los casos de corrupción han asomado debido
a que hay una mayor exigencia legal, con nuevas normas que afectan a aspectos
como la ordenación del suelo, conflictos de interés de altos cargos o sobre
financiación de partidos, así como a que ante la crisis económica, los
ciudadanos cada vez más reclaman más información y persecución a los corruptos.
La deseada independencia del Poder
Judicial con la ayuda del Legislativo y Ejecutivo, deben seguir trabajando para
atajar definitivamente la corrupción en España, ya que se estima que perder un
punto en el índice implica perder inversión extranjera equivalente al 0,5 %
del PIB. España necesita mucha inversión extranjera y el Ejecutivo aún no
ha hecho todos los deberes para regular la responsabilidad penal del sector
privado en temas de corrupción o dotar de más protección a los que denuncian
casos de corrupción.
En este género de cosas: La plana
mayor de los populares, reunida e, trató de trasladar una imagen de cohesión y
tranquilidad, sin apenas alusiones al escándalo Bárcenas y sus aledaños. Las
quejas y el “bochorno” por las tramas de corrupción que afectan a la formación
se quedaron en la puerta de la sede del PP, donde algunos dirigentes no dudaron
en condenar la conducta impropia de algunos miembros destacados del Partido
Popular.
Los
populares llevan cuatro años, desde que estalló el caso Gürtel,
afrontando el lastre de la corrupción y no hay visos de que esta dinámica de
desprestigio permanente se pare a corto plazo. Aun así, insistió en el
argumentarlo oficial desde que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
decretó cárcel para Bárcenas. Esto es, “el partido ofrece máxima colaboración a
la justicia y no juzgamos las decisiones de los tribunales”.
En un ejercicio de ejemplaridad que
siempre ha reclamado ante Rajoy y la cúpula del PP. Esperanza Aguirre a su
llegada a la sede nacional que se sentía
abochornada por la corrupción en el PP. “Los políticos honrados estamos
indignados”, manifestó la líder de los populares en Madrid
Vicente Martínez-Pujalte, ha señalado que existe un "sentimiento
generalizado de vergüenza absoluta" tras los casos de corrupción
que afectan al partido y el ingreso en prisión del ex tesorero popular. En
cualquier caso, el diputado del PP ha señalado que en el partido también hay un
sentimiento de enorme tranquilidad" ante un posible 'chantaje' por parte
de Bárcenas y un deseo de colaborar con la justicia". En este sentido, ha
recordado que la "justicia está haciendo su trabajo" y los populares
esperan que el juicio se celebre "cuanto antes mejor”. La
transparencia es necesaria pero no en este caso. Es necesaria en los partidos
políticos, en las organizaciones empresariales, en los sindicatos, que son
organizaciones constitucionales que tiene que existir y que reciben mucho
dinero público y que tienen la obligación de transparencia absoluta".
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