Ante la reforma municipal 1 . Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes

LAS RETRIBUCIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL NO PODRÁN SUPONER MÁS DEL 0,6 POR CIENTO DE TODOS LOS GASTOS DEL PRESUPUESTO.

La regulación de las instituciones en las que se sustentan nuestro Estado social y democrático de derecho se lleva a cabo a través de una norma especial: la ley orgánica. Esta norma, por los requisitos exigidos para su aprobación y modificación, dota a dichas instituciones de la estabilidad que requiere el adecuado funcionamiento del Estado.

La escasez de recursos municipales se deriva de una absoluta desconexión del sistema de financiación con el sistema de competencias. No se ha procedido a un ajuste ante el aumento de las mismas ni se han financiado convenientemente aquellas obligaciones que las leyes sectoriales les atribuyen.

Los municipios y provincias como instituciones básicas de la organización territorial del Estado dotadas, además, de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (Art. 137 de la Constitución), cuyos Gobiernos gozan de la legitimidad democrática que les confiere su elección mediante sufragio universal, se encuentran sin embargo reguladas en una ley ordinaria. 

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Un informe de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), sobre competencias de las corporaciones locales, fija en 24 la lista de materias de competencia local y establece que las diputaciones, cabildos y consejos insulares deben asumir un papel de administración común para los municipios que carezcan de medios para prestar los servicios y centrarse en los menores de 20.000 habitantes.

En ese informe, no se incluyen como servicios los que los ayuntamientos han realizado “por imposición legal”, como es el caso del mantenimiento y conservación de los colegios públicos o la dotación de medios materiales a los juzgados de paz.

Entre las insuficiencias del sistema actual, cita la incapacidad para dotar de contenido a la autonomía local y añade que la falta de atribución de competencias ha llevado a la confusión de la competencia con la realización de actividades y prestación de servicios.

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Para la FEMP, la insuficiencia del sistema de colaboración intermunicipal para la prestación de servicios y realizaciones de actividades en común ha derivado en la creación de nuevas estructuras administrativas, sin garantizar una mayor eficacia.

Yo en este punto soy más escéptico y apunto a que a nivel local, la mayoría debería votar a la lista con los mejores gestores y no a las siglas, pero por desgracia, la mayoría suele votar al partido de sus amores aunque presenten a un alcalde o alcaldesa corrupta. El siguiente punto, en el poder de las Diputaciones y la falta de elección directa por parte de los ciudadanos.

 Esta medida, es una trampa a todas luces. El ahorro de esta medida es de difícil cuantificación, pero el camino no es el correcto porque el objetivo final es traspasar mayor control a las diputaciones colocando a dedo los partidos los encargados de gestionar los presupuestos asignados para la gestión de los servicios municipales transferidos.

Es mucho mejor afrontar un plan de agrupación de ayuntamientos por criterios de eficiencia pero en los que los ciudadanos de esos ayuntamientos puedan seguir escogiendo directamente a sus representantes y eliminar las Diputaciones. Es preferible profesionalizar la gestión y dirección de servicios públicos mediante concursos oposición no mediante concejales.

Y por supuesto, antes de hacer estas reformas, se hace imprescindible una clarificación de las competencias y alcance de las autonomías, funciones de cada administración y alcance de cada una de ellas dentro de la administración pública. Los ayuntamientos consumen aproximadamente un 15% del gasto público, las CCAA. 

A partir de las elecciones locales de 2015 habrá 21.338 concejales menos, un importante ajuste, que no el único, en lo que se refiere a la reforma local. Y es que, además de esta medida incluida en el anteproyecto de ley para la racionalización de la Administración local, también se suprimirán las 3.725 entidades locales menores que existen en España, las cuales serán absorbidas por los Ayuntamientos de los que dependan. Con medidas como éstas, la intención del Ejecutivo es la de ahorrar unos 3.500 millones de euros.

La intención es eliminar todas aquellas mancomunidades que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera. Según el Gobierno, más del 70 por ciento de las entidades locales menores y mancomunidades no cumplen con su obligación de presentar sus cuentas anuales. En este caso, sus competencias pasarán a ser ejercidas por las diputaciones provinciales, las cuales se verán reforzadas.

Las retribuciones de la corporación municipal no podrán suponer más del 0,6 por ciento de todos los gastos del presupuesto.
Unas medidas que parten de la premisa «una administración, una competencia» y que buscan, sobre todo, clarificar las competencias municipales, evitar duplicidades y, además, eliminar todas aquellas «competencias impropias.