Para apoyar e iniciar los
recortes en la Universidad, el propio Ministro Wert y otros dirigentes políticos
del Partido en el Gobierno han manejado datos incorrectos, han dicho mentiras que
confunden y engañan a la opinión pública: En España hay pocas universidades. Los dos países que tienen mayor número de
centros universitarios de investigación de excelencia entre los mejores del
mundo son Estados Unidos y el Reino Unido, y en ellos hay una universidad por
cada 94.000 y 253.000 habitantes, respectivamente; mientras que en España hay
una por cada 582.000 habitantes.
Para hacer creer que es baja la calidad de nuestros
centros universitarios, que combinan la docencia y la investigación, el
Ministro
Wert los compara
con rankings en los que la inmensa mayoría son solo centros de investigación y,
sobre todo, sin hacer mención a que 99 de los 100 primeros están en países que
casi doblan el gasto en I+D+i sobre el PIB de España.
Para exagerar el coste del fracaso escolar el Ministro
afirmó que el 30% del alumnado abandona la universidad sin terminar, cuando la
realidad es que ese 30% se refiere al cambio de titulaciones y que el abandono
definitivo solo es del 12%. Y tanto el Ministro como la Secretaria General del
Partido Popular han difundido la idea falsa de que el coste de ese abandono es
de 3.000 millones de euros, una cifra equivocada y sin fundamento.
Lo que viene
haciendo el ministro para justificar los recortes de presupuesto es simplemente
una campaña contra la universidad
pública que solo puede calificarse, cuando menos, como desleal. Se
empeña en decir a la ciudadanía que nuestra universidad es ineficaz, cara e
inútil para crear empleo y le oculta la realidad: Los estudios internacionales
muestran que nuestra docencia y productividad científica son equiparables a la
de los países de la OCDE a pesar de que aquí invertimos anualmente un 20% menos
en recursos. El 79% de quienes obtienen su título en España lo hacen en la
“edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE y a pesar de que aquí
dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de esa
organización y con menor gasto por estudiante. La tasa de paro de los y las
egresadas universitarias es la mitad que la del resto de la población y todo
ello se consigue en la universidad pública con un coste por estudiante que es
un 25% más bajo que el de la privada.
A los
recortes realizados en los Presupuestos Generales del Estado en las partidas
destinadas a la investigación, se suman las consecuencias del Real Decreto Ley
de racionalización de gasto público en el ámbito educativo que impiden
desarrollar con la necesaria calidad el servicio público de la enseñanza
superior tan necesario para el progreso de nuestra sociedad.
Las medidas adoptadas por el Gobierno son un atentado contra el avance de la actividad
investigadora, que es uno de los motores más potentes del progreso de
una nación y de la competitividad económica que tanto reclama.
Los motores que
se resienten cuando se aumentan las obligaciones docentes al mismo tiempo que
se recortan recursos para la investigación. O cuando se encarece el precio de
los másteres y se anula a la vez el sistema de préstamos renta y se disminuyen
las becas, porque eso dará lugar a que no sean las personas de mayor talento
quienes puedan acceder a la carrera investigadora, sino solo las de más ingresos.
Esto constituye un duro golpe al
principio de igualdad de oportunidades porque el aumento indiscriminado
de las matrículas, sin estudiar previamente los efectos de otras distintas
posibilidades más justas y eficientes de fijar sus precios, disminuyendo al
mismo tiempo las becas, solo dará lugar a que las personas de rentas más bajas
tengan más difícil acceder a los estudio
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