REGENERACIÓN DE
LOS PARTIDOS PARA EVITAR CORRUPCIÓN
La segunda preocupación de los españoles tiene fácil solución
con ayuda en el control sistemático de los partidos políticos que sustentan el
poder.
El riesgo de actuaciones corruptas depende de la medida
en que políticos y funcionarios pueden tomar decisiones con márgenes amplios de
discrecionalidad que afectan a los intereses económicos propiciando así
oportunidades de enriquecimiento.
Un rápido vistazo a la
situación política y económica de España (ocupa la posición 30) corrobora
que este posicionamiento en la lista de Transparencia Internacional no es
casual. La invasión por parte del Estado de todos los ámbitos económicos,
sociales y culturales, ha producido una casi total dependencia de licencias,
autorizaciones, subvenciones y concesiones. A ello se añade la dispersión del
gasto público en nuevas administraciones locales de distinto rango, una
dispersión que además ha venido acompañada por un aumento de
discrecionalidad en la toma de decisiones de sus órganos de control. También
hay que tener en cuenta la creación de entidades, fundaciones o empresas
diseñadas para eludir la legislación de contratos públicos y disponer así de
mayores márgenes de discrecionalidad y opacidad.
Para completar este escenario, propicio como pocos a la
corrupción, se añade el desplazamiento de los funcionarios de carrera por
personas de confianza de los partidos políticos, dispuestos a obviar la
legalidad en beneficio de ellos, así como la falta de transparencia en las
cuentas de los partidos políticos.
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| GALERIA DE HOMBRES ILUSTRES DE LA COMUNIDAD DE MADRID |
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Los medios de comunicación, al estar en graves apuros
económicos, cuando no obedecen directamente a los intereses mercantiles
que les sustentan, se encuentran bajo el control de los partidos políticos, a
los que sirven. El sistema judicial, por su parte, actúa con tardanza al estar
controlado por un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) politizado,
mientras que el sistema político desincentiva el buen funcionamiento de las
instituciones al favorecer la impunidad.
Desde hace
aproximadamente un lustro vengo analizando el comportamiento sociológico de
campo de la clase política en un pueblo de la provincia de Madrid. En torno al poder municipal está tejida una
trama que permite que la población no participe apenas en el control de la
gestión pública. ¿Cómo se puede conseguir semejante estratagema?
- Lo primero es pagar sueldos muy altos a los máximos responsables que gestionan la función pública.
- Imbricando a una parte de la clase política que ejerce de oposición para “inmovilizarlos” políticamente.
- Ejerciendo control hacia cualquier ciudadano que pretenda enterarse de los entresijos que afectan a la gestión municipal y la misión de cuentas.
- Comprando silencios en todas las direcciones.
Por otra parte los estamentos de Control de Cuentas de la
administración autonómica y estatal están a años luz de
poder mostrar su eficacia y su fundamento de existencia. Son mecanismos
vetustos inoperantes y claramente desactualizados que deben revisarse con
urgencia operativa.
Siempre habrá problemas cuanto mayor sean la intervención
pública de la economía, menor la autonomía de ciudadanía de mercado frente a la
política. Más numerosos sean los núcleos en donde se toman decisiones con
alcance económico y mayor sea el margen de discrecionalidad y de trasparencia
de esas
También es fundamental que no se disminuya el control a
priori o a posteriori a que deban someterse cualquier decisión que pudiera
estar marcada por intereses especulativos o corruptos. En este caso cuanto
mayor sea el control político, menor sea la sanción en caso de descubrimiento,
más pequeña sea la probabilidad de que esa sanción sea efectiva y/o haya un
indulto final, será más fácil el control de la corrupción.
Por otra parte es fundamentalmente necesario garantizar
la democracia interna de los partidos políticos y la transparencia de sus actuaciones,
con auditorías anuales de cuentas y suspensión de los cargos imputados por
administración desleal. Tal vez por ello habría que modificar la actual ley
electoral para sustituir el sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro
que permita negar el voto a candidatos que no merezcan la confianza de los
ciudadanos ante su falta de ejemplaridad.
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