CONTRA EL PECADO DE AVARICIA. ¿Donde está la Conferencia Episcopal?

LA NEUTRALIDAD NOS CONVIERTE EN CÓMPLICES

Los partidos mayoritarios se reparten a algunos jueces, tenemos seis millones de parados y cientos de miles de ciudadanos sin vivienda. La salud se está entregando a empresas privadas y las escuelas a la Conferencia Episcopal. No vivimos en una democracia sino en una dictadura del capital que ordena las políticas a seguir a los gobiernos

 

El caso Bárcenas es una razón más para la rebeldía, es la punta del iceberg. El capitalismo es corrupción y se sustenta sobre esas bases. Y cuando digo el PP digo también el PSOE, no distingo unos de otros. Debemos construirnos un pensamiento crítico, ser inconformistas y rebelarnos ante las injusticias como ciudadanos, independientemente porque el capitalismo no ataca a los profesores, a los abogados o a los taxistas…., ataca a la clase trabajadora, que supone el 85% de la población. Como seres humanos debemos comprometernos, tomar partido y nunca ser neutrales porque la neutralidad nos convierte en cómplices.

El silencio de la Conferencia Episcopal ante la corrupción es también una forma de complicidad implícita. ¿Tendremos que esperar nuevamente al Cristo del Evangelio para que eche del templo de la Democracia a latigazos a los fariseos?

Tanto en los debates públicos como en la prensa se denuncia y condena la corrupción de los políticos que está destruyendo la democracia española, pero rara vez la Iglesia Católica se pronuncia al respecto. ¿Por qué? Los políticos católicos que se apropian de dinero de una forma ilegal están cometiendo una falta contra el séptimo Mandamiento y contra el pecado de avaricia. La Iglesia Católica, tan afín al Partido Popular español, ¿debería excomulgar a sus miembros corruptos por cometer el mencionado pecado capital?

¿Por qué no lo hace? ¿Por qué la Iglesia Católica Española, que hace declaraciones por cualquier asunto que vaya contra su idea de moralidad y ética, no se pronuncia sobre la corrupción sistemática de algunos miembros del PP?

Sto. Tomás de Aquino escribió que la avaricia es «un pecado contra Dios, al igual que todos los pecados mortales, en lo que el hombre condena las cosas eternas por las cosas temporales». Avaricia es un término que describe muchos otros ejemplos de pecados. Estos incluyen deslealtad, traición deliberada, especialmente para el beneficio personal, como en el caso de dejarse sobornar. Búsqueda y acumulación de objetos, los engaños o la manipulación de la autoridad. ¿No es todo esto una descripción perfecta de un político corrupto español? Entonces, ¿por qué no interviene la Iglesia Católica amonestando y condenando a los políticos católicos corruptos?

INDIGNACIÓN CIUDADANA Y PROTESTA COLECTIVA PARA FRENAR EL CARÁCTER ANTISOCIAL DE LA POLÍTICA OFICIAL

No es verdad que estemos secuestrados por la corrupción pero sí que la corrupción llegó muy arriba y que afectó a mucha gente. 

Que penetro en el mundo de la política y en la estructura financiera y se ha cebado en muchos ayuntamientos del Estado propiciado por algunas empresas promotoras de viviendas. También la corrupción ha calado en los medios de comunicación.

Todo este estado de cosas está produciendo en la ciudadanía un gran daño, por encontrarse demasiado hostigada por los recortes impuestos desde el ejecutivo y estar dándose cuenta de que, mientras pasa estrecheces como consecuencia de la crisis, la clase política es sorprendida en corrupción a enorme escala. 

El ciudadano se sumerge en la indignación y escepticismo hacia la clase política teniendo en cuenta que la visión clara de las cosas, excluye la incredulidad, el odio. Porque puede ayudar a que evitemos escenarios parecidos a los que se produjeron en Italia en los años noventa y que terminaron con la irrupción de una personalidad como Berlusconi en la presidencia del Gobierno.

Sabemos cuál fue el mecanismo que engrasó toda esta maquinaria, un dispositivo concreto que parte de la complicidad entre la especulación inmobiliaria y las necesidades, primero, de los partidos para financiarse y, después, del ansia de enriquecimiento desmedido de muchos dirigentes políticos de fáciles tragaderas. Fue ese mecanismo el que casi destruyó los controles democráticos. Son esos mecanismos los que hay que destruir, no a la clase política en su conjunto.

Resulta evidente el bloqueo percibido en las grandes instituciones y el corporativismo de la clase política, y la mayoría social exige la renovación de esas élites y la regeneración democrática del sistema político. Así mismo, resulta conveniente expresar la indignación ciudadana y la protesta colectiva para frenar el carácter antisocial de la política oficial e influir en ese proceso.

El conflicto no está entre política sí o política no, si no se define el significado que le damos. La opción mayoritaria que se refleja en la sociedad es de desconfianza y crítica a esta política y a esta clase política que la gestiona, al mismo tiempo que se refuerza la participación ciudadana y la acción democrática por una política más social y unas instituciones más democráticas y menos corruptas.

Es cierto que las élites de los partidos políticos, en cuyas filas hay infinidad de personas honradas, reaccionaron con la peor de las medidas posibles cuando aparecieron las primeras llagas: el recurso a la unidad y los llamamientos a la cohesión interna y la defensa de los líderes. Los medios de comunicación tampoco supieron mantener la tensión exigible en una sociedad sana en defensa del funcionamiento democrático de las instituciones, dispuestos, bien al contrario, a rivalizar en el simple escándalo para aumentar audiencias o lectores. Unos no supieron mantener la tensión y otros, peor aún, se pusieron al servicio de intereses oscuros.

 

Lo peor ahora sería olvidar los mecanismos que llevaron a la corrupción de buena parte de esas élites. O creer a quienes nos dicen que todo el mundo quedó enredado en esos engranajes. No es cierto, aunque solo fuera porque no todos tenían acceso a esos mecanismos. Pero también porque no todos los partidos se aprovecharon de ellos, ni todos los políticos, ni todos los medios de comunicación.

Hay que identificar, antes que nada, los casos de corrupción vinculados a los dirigentes de los partidos con responsabilidad ejecutiva. De todos ellos, pero muy especialmente de quienes dirigen ahora el Estado, porque para eso son las responsables de las políticas que se llevan a cabo. 

Hace falta ser obstinados en el rechazo. Rechazo a los ministros que asisten al Congreso y que creen que pueden atacar a quienes les critican; rechazo a quienes en la oposición no plantean las cuestiones reales que nos afectan, rechazo contundente ante quienes, desde la política o desde los medios de comunicación, quieren hacernos creer que hay sucesos más importantes que lo que nos acontece a los ciudadanos, vicisitudes más importantes que los seis millones de parados, que el control democrático de las instituciones.

Tenemos otro problema añadido: La ciudadanía no cree en las personas que administran y ejecutan la Justicia

Según el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer los ciudadanos cree que la administración de justicia funcional mal o muy mal en España. Cerca del 70% de los españoles considera que la Justicia es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia. El 49% no cree que los tribunales sean imparciales, y el 54% tiene la percepción de que los jueces no realizan su función con total independencia. El 64% ve la Administración de Justicia como garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.

En general, los resultados no son buenos y la valoración de la Justicia por los ciudadanos está en uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años. Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración similar a la del Gobierno.

Nosotros debemos ser los primeros en luchar por recuperar todo lo que nos arrancó esta crisis.