INDIGNACIÓN CIUDADANA Y PROTESTA COLECTIVA PARA FRENAR EL CARÁCTER ANTISOCIAL DE LA POLÍTICA OFICIAL

No es verdad que estemos secuestrados por la corrupción pero sí que la corrupción llegó muy arriba y que afectó a mucha gente. 

Que penetro en el mundo de la política y en la estructura financiera y se ha cebado en muchos ayuntamientos del Estado propiciado por algunas empresas promotoras de viviendas. También la corrupción ha calado en los medios de comunicación.

Todo este estado de cosas está produciendo en la ciudadanía un gran daño, por encontrarse demasiado hostigada por los recortes impuestos desde el ejecutivo y estar dándose cuenta de que, mientras pasa estrecheces como consecuencia de la crisis, la clase política es sorprendida en corrupción a enorme escala. 

El ciudadano se sumerge en la indignación y escepticismo hacia la clase política teniendo en cuenta que la visión clara de las cosas, excluye la incredulidad, el odio. Porque puede ayudar a que evitemos escenarios parecidos a los que se produjeron en Italia en los años noventa y que terminaron con la irrupción de una personalidad como Berlusconi en la presidencia del Gobierno.

Sabemos cuál fue el mecanismo que engrasó toda esta maquinaria, un dispositivo concreto que parte de la complicidad entre la especulación inmobiliaria y las necesidades, primero, de los partidos para financiarse y, después, del ansia de enriquecimiento desmedido de muchos dirigentes políticos de fáciles tragaderas. Fue ese mecanismo el que casi destruyó los controles democráticos. Son esos mecanismos los que hay que destruir, no a la clase política en su conjunto.

Resulta evidente el bloqueo percibido en las grandes instituciones y el corporativismo de la clase política, y la mayoría social exige la renovación de esas élites y la regeneración democrática del sistema político. Así mismo, resulta conveniente expresar la indignación ciudadana y la protesta colectiva para frenar el carácter antisocial de la política oficial e influir en ese proceso.

El conflicto no está entre política sí o política no, si no se define el significado que le damos. La opción mayoritaria que se refleja en la sociedad es de desconfianza y crítica a esta política y a esta clase política que la gestiona, al mismo tiempo que se refuerza la participación ciudadana y la acción democrática por una política más social y unas instituciones más democráticas y menos corruptas.

Es cierto que las élites de los partidos políticos, en cuyas filas hay infinidad de personas honradas, reaccionaron con la peor de las medidas posibles cuando aparecieron las primeras llagas: el recurso a la unidad y los llamamientos a la cohesión interna y la defensa de los líderes. Los medios de comunicación tampoco supieron mantener la tensión exigible en una sociedad sana en defensa del funcionamiento democrático de las instituciones, dispuestos, bien al contrario, a rivalizar en el simple escándalo para aumentar audiencias o lectores. Unos no supieron mantener la tensión y otros, peor aún, se pusieron al servicio de intereses oscuros.

 

Lo peor ahora sería olvidar los mecanismos que llevaron a la corrupción de buena parte de esas élites. O creer a quienes nos dicen que todo el mundo quedó enredado en esos engranajes. No es cierto, aunque solo fuera porque no todos tenían acceso a esos mecanismos. Pero también porque no todos los partidos se aprovecharon de ellos, ni todos los políticos, ni todos los medios de comunicación.

Hay que identificar, antes que nada, los casos de corrupción vinculados a los dirigentes de los partidos con responsabilidad ejecutiva. De todos ellos, pero muy especialmente de quienes dirigen ahora el Estado, porque para eso son las responsables de las políticas que se llevan a cabo. 

Hace falta ser obstinados en el rechazo. Rechazo a los ministros que asisten al Congreso y que creen que pueden atacar a quienes les critican; rechazo a quienes en la oposición no plantean las cuestiones reales que nos afectan, rechazo contundente ante quienes, desde la política o desde los medios de comunicación, quieren hacernos creer que hay sucesos más importantes que lo que nos acontece a los ciudadanos, vicisitudes más importantes que los seis millones de parados, que el control democrático de las instituciones.

Tenemos otro problema añadido: La ciudadanía no cree en las personas que administran y ejecutan la Justicia

Según el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer los ciudadanos cree que la administración de justicia funcional mal o muy mal en España. Cerca del 70% de los españoles considera que la Justicia es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia. El 49% no cree que los tribunales sean imparciales, y el 54% tiene la percepción de que los jueces no realizan su función con total independencia. El 64% ve la Administración de Justicia como garantía última de defensa de la democracia y de las libertades.

En general, los resultados no son buenos y la valoración de la Justicia por los ciudadanos está en uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años. Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración similar a la del Gobierno.

Nosotros debemos ser los primeros en luchar por recuperar todo lo que nos arrancó esta crisis.