El poder político cubre la vacante del judicial durante veinticuatro horas

LA NUEVA LEY MORDAZA

El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que pretende el gobierno del PP trunca considerablemente las garantías de los justiciables y el tiempo necesario para que los jueces indaguen pufos de envergadura sin que vayan a reforzar sus medios técnicos o sus recursos humanos. 

Los agentes de la Policía Judicial podrán adoptar una identidad falsa para navegar por la red y camuflarse legalmente en las redes sociales para participar en chats en los que puedan fraguarse delitos relacionados con inmigración clandestina, prostitución o diversos tráficos ilícitos. Las fuerzas del orden podrán meterse en su vida sin que ningún magistrado vigile la jugada.

El anteproyecto circunscribe el marco de dichas escuchas o grabaciones audiovisuales, que pueden alcanzar también la mensajería electrónica: “En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de estructuras criminales, trasgresiones de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente”. En todos los casos, el ministro del Interior o, en su defecto, el secretario de Estado de Seguridad, podrán acordar la medida de investigación pertinente.

El poder político cubre la vacante del judicial durante veinticuatro horas, aunque transcurrido dicho plazo el juez deberá ser informado haciendo constar las razones que justificaron la adopción de esa medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado.  También de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida. En la medida en que esta propuesta vulnere la seguridad jurídica, los inocentes se verán groseramente espiados y los culpables seguramente encuentren abogados caros que pongan en valor los fallos técnicos del procedimiento e invaliden así las pruebas obtenidas.

Hará falta la mediación del juez para llevar a cabo el control remoto de ordenadores, mediante los denominados “troyanos”. Y también hará falta dicha autorización para la instalación de cámaras y micrófonos en domicilios y en celdas de detenidos. Pero podrán instalarse, aunque las grabaciones tendrán que ser hipotéticamente destruidas luego en caso de que no revelen nada sustancial respecto al delito que se investigue. Eso sí, no se permitirá interceptar comunicaciones entre clientes y abogados, salgo que se les investigue a ambos por lo mismo. Y habrá detenidos que podrán estar durante todo un día sin hablar con nadie, ni siquiera con su abogado, una restricción que hasta ahora sólo se aplicaba a delitos relacionados con el terrorismo.

En esta Ley en lugar de luchar contra la corrupción prefiere meterla bajo la alfombra para que la ciudadanía piense que no existe.