¿Hasta cuándo?

SOLO ALGUNOS PRIVILEGIADOS PAGAN MENOS IMPUESTOS Y LLEVAN SU DINERO DONDE NO PAGAN CASI NADA.

Antes del estallido de esta recesión ya había una ideología que se empeñaba en recortar los gastos y las políticas sociales. Su empeño ha conseguido más fácilmente los resultados que se buscaban: forzar más recortes en las políticas sociales, justificándolos en una austeridad mal entendida, cuando la austeridad debería basarse en otros parámetros, ya que los gastos sociales no pueden ser responsables de la crisis porque son menores que los ingresos sociales, al menos en los países de la UE. Y no lo digo yo, lo dice Eurostat, lo dice la OCDE.

El Informe de la Seguridad Social refleja que en 2011 los ingresos de protección social fueron el 29,7% del PIB en los 27 países de la UE, y el 25,8% en España. Al tomar como referencia el PIB las comparaciones son más fáciles, aunque están condicionadas por la negativa evolución del PIB y los elevados niveles de desempleo, que merman la recaudación fiscal, además de reducir los ingresos por cotizaciones sociales. ¡Qué más quisieran los parados que contribuir a incrementar las cotizaciones destinadas a ingresos fiscales!

En las últimas décadas, los gastos sociales han tendido a financiarse con los ingresos generados por las distintas cotizaciones; por lo tanto, los gastos sociales no pueden ser responsables de los déficits fiscales ni de la crisis. Culpar al gasto social de la crisis es mentira o ignorancia, o ambas cosas.

Sin embargo, al ignorar los datos disponibles y el debate sobre cómo utilizar las políticas públicas en beneficio de la creación de empleo y la mejora del bienestar colectivo, el resultado final es contundente: se recortan los gastos y las políticas sociales para favorecer privatizaciones que solo benefician a una minoría. Mientras tanto, se deteriora el nivel y las condiciones dignas de vida de la mayoría de la población. Y no lo digo yo, basta con ver cómo han perdido peso las rentas salariales en la distribución de la Renta Nacional en los últimos años, por ejemplo en España.

Más allá de las estadísticas, basta con salir a la calle y ver cómo, millones de parados jóvenes, menos jóvenes y no tan jóvenes, están en el limbo de la exclusión social, ya sea por el paro de larga duración o por los recortes en las políticas sociales, o por todo a la vez. Es decir, por hacer pagar la crisis a quienes ni la hemos originado ni la estamos haciendo más duradera e intensa al insistir en recortar y recortar, cuando existen enormes bolsas de fraude fiscal que podrían utilizarse para combatir los déficits públicos.

Algunos privilegiados insolidarios  pueden presumir de pagar menos impuestos o de llevarse su dinero donde no pagan casi nada. Para la mayoría de los ciudadanos la presión fiscal está subiendo. Y lo peor es que los impuestos que pagamos no sirven para mejorar nuestro nivel de vida. Es más, con las privatizaciones, y con las subidas de las tasas y de los precios de los suministros básicos, estamos volviendo a pagar por el acceso a los servicios públicos a los que ya hemos contribuido mediante el pago de nuestros impuestos directos e indirectos. A los ciudadanos no se nos trata con la dignidad que merecemos ni en el ámbito local y regional, ni en el estatal.