Ahora toca a los Ayuntamientos

AMORTIZACIÓN DE ALGUNOS POLITICOS MUNICIPALES. AHORRO NECESARIO.

Hay políticos municipales que han hecho de su puesto de servicio una profesión rentable

El proceso democrático, con la burbuja inmobiliaria, trajo consigo la aparición de la figura del oportunista el intruso o intrusa que se reprodujeron como chinches en los partidos que tocaban poder. Estos genios de la trampa estaban desprovistos de escrúpulos, por lo que no dudaron en usar medios ilícitos con tal de obtener un beneficio personal; para ello agotaron todas las instancias disponibles. La ideología política no era lo importante, tan solo un medio para obtener un fin lucrativo a corto plazo.

Tampoco importaba mudarse de una ideología a otra para engañar a los electores. Todo valía en el intento de tocar poder sin valorar los medios utilizados y si podían rayar la indecencia.

La creciente presión de estos vividores oportunistas por destacar en el ámbito político supuso un aumento de sus dividendos y acceder a privilegios inmerecidos para dominar sus cuitas de índole personal a costa de los contribuyentes engañados.

Los políticos implicados en el poder han decidido llegar a un acuerdo para reformar la Ley de Bases de Régimen Local en la que se regula el funcionamiento de los entes locales. En el acuerdo se tramitará una ordenación de los sueldos de alcaldes y concejales para que sea proporcional a la responsabilidad y evitar cuestiones abusivas que pagan los ciudadanos. Además se decidirá reducir la representatividad municipal, la eliminación de las mancomunidades y la preponderancia de las Diputaciones para gestionar pequeños municipios.

No comprendo como el PSOE puede apoyar la iniciativa legislativa del PP que pretende coartar la representatividad municipal, a través de la reducción de concejales o la supresión de las mancomunidades como ente de cooperación intermunicipal que sirvan para gestionar servicios básicos con un ahorro en el presupuesto.

Al mismo tiempo también se pretende una mayor austeridad y eficiencia de ayuntamientos para ahorrar un total de 3.500 millones de euros. El paquete de medidas debe incluir la supresión de 20.500 concejales y la limitación de las competencias consistoriales y el control de sus finanzas por un cuerpo de interventores dependientes de Hacienda. Con estas decisión se logrará la reducción de un 30% de los concejales elegidos en las elecciones de mayo de 2011. La reducción se realizará por tramos de población en función de la Ley Orgánica de Bases de Régimen Local.

También se abre un nuevo periodo, donde los consistorios no podrán fijar a su libre albedrío los salarios de sus altos cargos y mucho menos mantenerlos en el ostracismo. A partir de ahora, y para evitar abusos, las remuneraciones de alcaldes y concejales quedarán estipuladas por el Estado y tendrán carácter público. Cada año se publicará en los Presupuestos Generales del Estado un baremo según las características de cada municipio.

La carga es cada vez más pesada no se puede vivir de espaldas a la realidad

Durante los años de bonanza económica la proliferación de estos “personajes” se convirtió en una plaga en  donde los valores morales no tenían cabida. Permitieron las reducciones generalizadas en los logros sociales y no admitieron devaluar el gigantismo político de las administraciones locales. Estos momios crecieron  fundamentalmente en el entorno del urbanismo. Una nueva reorganización de las administraciones locales tiene que producirse, devolviendo la competencia urbanística a la administración general para así evitar situaciones de corrupción como las vividas en los últimos años. Los planes generales, parciales etc. Deben ser considerados desde otros foros con menos intereses particulares.

En líneas generales para el/la trepa, esa aprobación política compensaba el sentimiento de inferioridad que les generaba frustración en sus actividades laborales, pues suelen ser seres anodinos y oscuros, más perceptibles cuanto más bajo es el poder al que aspiran.