Los desahucios

La virulencia con que la crisis está golpeando a las economías familiares en España tiene en los desahucios su expresión más dura. Lo que en tiempos de bonanza constituía una incidencia desgraciada, pero minoritaria, se ha convertido en un problema creciente cuyas consecuencias no son solo económicas, sino también sociales. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial cifran en más de 350.000 el número de desahucios ejecutados en España desde el comienzo de la crisis.

El 14% de los madrileños viven bajo el umbral de la pobreza y el 18% se encuentra en situación de exclusión social. Crece la exposición de la población madrileña a situaciones de riesgo económico y social y los desahucios en la Comunidad de Madrid han aumentado un 144% desde el año 2008, siendo mayor el impacto en esta región que a nivel nacional, cuyo incremento ha sido del 118%. El 58% de los hogares madrileños tienen dificultades para llegar a fin de mes y el 36% no puede afrontar gastos imprevistos. Perder la vivienda por no poder pagar la hipoteca supone bajar el peldaño hacia la exclusión social. Desde que comenzó la crisis se han producido más de 350.000 ejecuciones hipotecarias y se estima que hay otras 200.000 en curso.

Sin embargo la legislación actual concede enormes privilegios procesales a los bancos en perjuicio de los ciudadanos, lo que provoca indefensión y posibilita abusos. Los desalojos demuestran que estamos ante un problema social de dimensiones muy importantes y que se deben tomar medidas paliativas con carácter urgente: 500 desalojos diarios. Hay que preparar reformas legislativas y tratar el sobreendeudamiento de las personas físicas porque la sociedad ha hecho un importante esfuerzo económico para rescatar a las entidades bancarias.

Diversas iniciativas parlamentarias han tratado de afrontar este problema, sin éxito. Si se han aprobado generosas ayudas al sector financiero y se han destinado 60.000 millones de euros al rescate de la banca, justo es también que se rescate a quienes corren el riesgo de perder su vivienda por una insolvencia sobrevenida no dolosa. Si las entidades obtienen dinero del Banco Central Europeo en condiciones muy ventajosas, incluso al 0% de interés y con dos años de carencia, justo es también que parte de ese dinero sirva para aliviar la situación de quienes han sido víctimas de una crisis causada en su origen por los abusos de la economía financiera.

La banca ya adoptó un código de buenas prácticas que aplica en muy contados casos próximos a la indigencia. Hace falta una reforma estructural que ofrezca soluciones duraderas y dignas para los deudores e impidan los abusos de algunas entidades bancarias, como han denunciado también las asociaciones de magistrados y fiscales. Entre el abanico de prácticas abusivas está la argucia legal de presentar como postor a su propia inmobiliaria para poder adjudicarse la vivienda por el 50% del valor de tasación, en lugar del 60% que establece la ley en caso de subasta desierta; o demorar la subasta con pretextos procesales, a la espera del banco malo, mientras el desahuciado hace frente a unos intereses de demora de hasta el 25%.

El resultado es que el desahuciado se queda sin vivienda y sigue teniendo que responder con todo su patrimonio presente y futuro por la parte de la hipoteca que queda pendiente, incrementada con las costas judiciales y los intereses de demora. No hacerlo sería muestra de insensibilidad social. La solidaridad y movilización de las plataformas de apoyo a desahuciados, los informes de organismos, la denuncia social ante situaciones límite que llevan incluso al suicidio y la iniciativa de la oposición parlamentaria pueden conseguir que se mueva el Gobierno y que el sistema financiero sienta la necesidad de cambiar su actitud.