Trasparencia municipal

POR UNOS AYUNTAMIENTOS TRANSPARENTES

Se hace necesaria una administración más próxima a los administrados y alejada del poder interesado y corrupto. Una administración centrada en su misión publica al servicio de la sociedad. De manera que el ciudadano esté puntualmente informado de todo aquello que se cuece en el consistorio. Por eso la documentación oculta y negada al contribuyente constituye un delito de prevaricación.

NO SE VOTA POR CONCIENCIA SE HACE POR DISCIPLINA

Al Interventor accidental, el Sr. Rodrigo, la vice-Dña. Beatriz Amado y al mismísimo secretario del Ayuntamiento de Valdemorillo, son servidores públicos bien remunerados; su salario está por encima de la media de sus homónimos de otros pueblos de similares características. No dudamos que su estipendio será un reflejo efectivo y real de su capacidad de gestión al servicio del pueblo. Tal vez por eso, o sólo por eso, debo de persuadirlos que su gestión se fundamenta mas en el poder que en los ciudadanos administrados y con frecuencia practican cierto ocultismo para ofrecer una información de derecho para el administrado.

Las personas responsables toman decisiones conscientemente y acepta las consecuencias de sus actos y deben estar dispuestas a rendir cuenta de ellos. La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien.

Cuando esta persona física, es titular de un órgano administrativo, se encuentra en una doble relación con la organización a la cual pertenece según actúe “hacia adentro de la gestión” o cuando lo hace “hacia afuera de la administración En el ejercicio de sus funciones, el empleado público puede realizar actos que afecten a terceros y a la propia Administración por los que se le pueda exigir una responsabilidad civil que le lleve a afrontar con su patrimonio las indemnizaciones que los ciudadanos le soliciten al Estado. En el Título X de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común se regula la responsabilidad de la Administración y de las autoridades y el personal a su cargo.

Además de las infracciones en las que el funcionario puede incurrir como cualquier otro ciudadano, el Código Penal establece en su Título XIX una serie de delitos propios contra la Administración Pública, como son la prevaricación, , el cohecho, la malversación de fondos públicos o el tráfico de influencias, que pueden estar castigados con penas de cárcel e inhabilitación.