REDUCIR
DIPUTADOS DE AUTONOMÍAS, ALCALDES, CONCEJALES. REDELIMITAR LAS DIPUTACIONES.
Un informe elaborado por la
Fundación, para la racionalización del Estado autonómico. Entre las
medidas también reducir el número de diputados de los parlamentos autonómicos,
de alcaldes y concejales y redelimitar el papel de las Diputaciones, entre
otras. el proceso de descentralización del Estado puesto en marcha hace más de
30 años ha generado "graves problemas", ante lo que consideran que la
respuesta pasa por la reforma de la Constitución para fijar el número de
comunidades autónomas y sus competencias.
Mientras la reforma
constitucional no sea posible, el informe propone medidas que no requieren
cambios de la Carta Magna, debido a que la racionalización del Estado
autonómico "es también un requisito para que España salga de la
crisis". Una de estas propuestas consiste en agrupar municipios y recuerda
que en 2010 Grecia
ya pasó de 1.034 ayuntamientos a 355, lo que permitió una reducción de
gasto de 1.185
millones de euros anuales. Traducido a España, calcula que permitiría
ahorrar unos 10.000 millones de euros. Reconvertir el mapa municipal para
reestructurarlo en unos 2.000 ayuntamientos que se identifiquen con comarcas
geográficas y un mínimo de 10.000 habitantes,
aunque con "flexibilidad" para aumentar o disminuir esta cifra
en función de las especificidades de cada zona. A pesar de lo que puedan
opinar los partidos mayoritarios más pendientes de sus intereses partidarios
que de los de la ciudadanía, esta reordenación del territorio permitiría la
aparición de estructuras municipales más eficientes, con disminución de los
cargos públicos y favorecería también la fusión de empresas públicas locales,
con una disminución del gasto público en general. "Prestar unos servicios
públicos de calidad, lo que no puede lograrse con el minifundismo local actual,
tan costoso como ineficiente", fija como otro de los objetivos.
Para conseguir esto sería
necesario un pacto político de amplia mayoría en las Cortes Generales, que
suscitaría reticencias importantes en los ayuntamientos más pequeños, pero "el interés
general debe imponerse sobre un particularismo que se traduce en una
administración local costosa e ineficiente a la hora de prestar los servicios
públicos". Que cada lector analice las repercusiones que pudieran
producirse en su localidad reduciendo los costes derivados reducidos de
nuestros impuestos y tasas municipales. Yo particularmente como sociólogo tengo
verdadero interés en conocer la realidad de mi
pueblo de residencia, estimando en su verdadera medida las repercusiones
derivadas de estos ajustes necesarios.
Siguiendo con el objetivo de
racionalizar el Estado autonómico, Fundación Ciudadanía propone limitar
su dimensión institucional y poner freno al "papanatismo” intento de
articular a nivel regional un sistema político similar al que se configura en
el Estado". En concreto se refiere a órganos como el tribunal de cuentas,
los defensores del pueblo o los consejos consultivos, que asegura que están "excesivamente
politizados" y, pese a su "escasa funcionalidad", tienen un
"alto coste" en dietas y personal y, en muchos casos, superponen sus
actividades a las que ya realizan otros miembros de la administración pública.
El documento de la Fundación
Ciudadanía también arremete contra la "para diplomacia" generada
por las autonomías en el exterior con "costosas sedes" que prestan
servicios que ya cubre el Estado. Para remediarlo, la propuesta es perfeccionar
el modelo de las conferencias sectoriales y profundizar en el principio de
cooperación y lealtad institucional.
Con estas medidas se
conseguiría reducir "la peligrosa distancia" que se ha abiertos entre
políticos y ciudadanos, además del ahorro económico y "evitar la
consolidación de una suerte de casta de profesionales de la política
autonómica", fomentando la participación en ella de "personas
cualificadas y competentes". El informe de la Fundación
Ciudadanía denuncia una "hiperinflación legislativa autonómica"
debido a que se aprueban "infinidad" de leyes en las comunidades
autónomas "en muchos casos inútiles" y que "no resuelven
problema real alguno". "Este exceso de legislación tiene su origen,
indiscutiblemente, en la existencia de unas asambleas legislativas autonómicas
conformadas por unos diputados que tienen que justificar su dedicación
exclusiva", denuncia.
La Fundación
también aborda el mapa
universitario español y propone una reordenación, ya que en los últimos
años se ha dado "predominancia" de la cantidad frente a la calidad.
"El localismo ha sido un elemento especialmente perverso", advierte.
Además, reclama el control del déficit de comunidades autónomas y entidades
locales y reforzar la unidad del mercado "como garantía del crecimiento
económico y la cohesión social". De este asunto tendré ocasión de escribir
próximamente.
Otra de sus propuestas
aborda la no discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la
administración y la enseñanza, ya que señala que en algunas comunidades se ha
desarrollado "un cierto proceso de discriminación" por razón del
idioma y "se ha pasado de una situación prohibicionista en materia de uso
de lenguas regionales a una situación en la que el castellano es discriminado
tanto en el ámbito de la enseñanza como en el acceso a puestos de trabajo
autonómicos y locales".
Todas estas propuestas
culminan con la idea de aprobar una Ley General de Cooperación para
garantizar los principios de cooperación y solidaridad, "causa de muchas
disfunciones en el Estado autonómico" y desde la convicción de que
"sin el recurso al principio de cooperación ningún Estado compuesto
resulta viable"."Los procedimientos bilaterales de cooperación
previstos en los estatutos deben ocupar un lugar muy residual. Y ello porque un
Estado no puede funcionar mediante la yuxtaposición de diecisiete
modelos de cooperación bilateral.
