El abuso de poder

EN EL SUELDO AUTO ADJUDICADO DE ALGUNOS ALCALDES

La ciudadanía debe asumir que los puestos políticos han de tener fecha de caducidad. Se puede hacer de la política una profesión, pero jamás un sostén de poder que pueda amoldar el ente a la persona con todas sus consecuencias negativas. Tal vez por eso, los alcaldes y concejales deberían arrogarse que algún día habrían de retomar sus profesiones para transformarse en ciudadanos normales y corrientes, ser consciente que en ningún caso el poder puede durar más de ocho años.

Sin embargo para muchos ediles, el pueblo se torna en un “cortijo” privado en el que pueden hacer lo que les viene en gana, manejando los dineros de los contribuyentes sin ningún pudor y asignándose salarios muy por encima de lo que puede ser su estipendio en función de sus conocimientos profesionales. Algunos alcaldes y concejales se fijan los sueldos por encima del mercado y del nivel de responsabilidades que asumen. Además, forjan “complementos” en función de su poder de contratación, lo que sería una corrupción soterrada.

Es difícil encontrar a un edil que ejerza su cargo con altruismo solidario. Desgraciadamente, la mayoría lo que pretende es hacer fortuna para  vivir mucho mejor a expensas del sacrificio de muchos ciudadanos. Esta práctica no deja de ser una importante perversión social, que afecta negativamente a la concepción que de la política tiene la ciudadanía en su conjunto.

En muchos casos y cuando la conciencia de cortijo privado se hace patente, puede disponer de manera arbitraria de la ocupación de sus concejales para asignarlos salarios en función de un trabajo, que en demasiados casos, carece de realidad efectiva y simplemente son teatro ante los ojos del pueblo. Cuando la ocupación puntual incumbiría ser simplemente complementaría de prestación voluntaria de trabajo, por encima de las 10 horas semanales como mucho.

En Valdemorillo, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes en la C.A de Madrid. El sueldo de alcaldesa se ha duplicado por un pacto entre partidos y es equiparable a los sueldos de dos ministros del gobierno de la nación. Los concejales cobran sufragas muy por encima de sus capacidades, y disponen de libre asistencia a sus ocupaciones pactadas. Dicho sea de paso que los funcionarios y contratados de mayor nivel académico, perciben salarios más altos que tampoco se ajustan a las condiciones del mercado. El pueblo, en su conjunto, está sufriendo los efectos de la crisis y se han recortado muchos gastos de repercusión social. Sin embargo los sueldos altos se mantienen inamovibles y se han amortizado puestos de trabajo de ciudadanos del pueblo que se han quedado en paro. Todos estos casos deberían ser bien estudiados por la nueva ley que se está cocinando en el parlamento con objeto de ir eliminando situaciones similares que tanto daño hace a la institución democrática en su conjunto.

¿Evaluación de impacto del real decreto?

INMIGRANTES. MÁS DE UN AÑO DE EXCLUSIÓN SANITARIA 

Médicos y enfermeras objetan y que siguen atendiendo a sus pacientes, aunque estén en situación irregular y la Administración haya desactivado sus tarjetas sanitarias.

Hace más  de catorce meses, que el Gobierno Central aprobó el Decreto Ley 16/2012 que retira la tarjeta sanitaria a, según cifras gubernamentales, 875.000 personas inmigrantes en situación considerada “irregular” (sin permiso de trabajo y residencia). Esta medida, adoptada en plena época de recortes sanitarios y “copagos” farmacéuticos, supone en la práctica que los inmigrantes “sin papeles” tengan que pagar por la atención sanitaria que se les preste siempre que no sea en urgencias.

El Real Decreto establece que las personas migradas en situación irregular mayores de edad sólo tendrán asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en casos de urgencia o de accidentes hasta el alta médica y en el embarazo, el parto y el posparto. Las personas menores de edad, las solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos en período de restablecimiento y reflexión también dispondrán de atención sanitaria gratuita. El resto tendrá que pagar por los servicios.

Para Amnistía Internacional, el real decreto es un error de previsión grave y una regresión en el marco de los derechos humanos. La reforma está provocando, a medio plazo, un incremento del gasto sanitario, un aumento de las enfermedades y un incremento de la mortalidad. “Puede suponer, junto con el resto de recortes sanitarios, un descenso de la esperanza de vida.

Sin embargo y lamentablemente, el Estado español no es una excepción en el marco europeo. También el conjunto de los estados miembros de la UE aplican normas que limitan el acceso de las personas sin papeles en la sanidad pública. Cada uno, sin embargo, lo hace con criterios y fórmulas diferentes: hay estados donde la exclusión de las personas es total, como Alemania o Grecia, y otros en que toma varias formas en función del tiempo de estancia en el país, como Francia, Portugal o el Reino Unido, donde Cameron ya ha anunciado que, en 2014 , se restringirá el acceso.

Tal y como establece la ley, el Gobierno español debería haber publicado una evaluación de impacto del real decreto antes de su aprobación, pero aún  no lo ha hecho, a pesar de la petición de varias organizaciones y grupos parlamentarios. Incluso el Tribunal Constitucional se ha hecho eco de la falta de una evaluación.

Las cuchillas de Melilla. Un método medieval

PORQUE TUVE HAMBRE, Y ME DISTEIS DE COMER; TUVE SED, Y ME DISTEIS DE BEBER….

Gente desesperada por encontrar una vida mejor. Gente como nosotros, ellos son (más) pobres. Y como son pobres, merecen que les pongamos sistemas medievales de contención que no aplicamos ni a los animales en el campo.

Las fotos son para vomitar. Restos de ropa ensangrentada. Hojas afiladas como cuchillos de carnicero. Un país de emigrantes, que es lo que somos, practicando la mutilación como política migratoria.

Me da vergüenza recordar que  una mañana de junio de  en la estación de metro de Moncloa en Madrid, unos policías pedían la documentación a viajeros de raza negra o con rasgos latinos. Solamente a estos. Me quedé 20 minutos haciendo como que leía el periódico. En ese tiempo identificaron a seis o siete personas. Solo por su aspecto. No me atreví ni a preguntar ni a intervenir en realidad me comporte como un cobarde.  Se los llevaron por tener un aspecto distinto, no lo hubiesen hecho con ciudadanos altos y rubios. En España, si tienes la piel oscura, verás a la policía mucho más frecuentemente. 

Nuestro país ha sido tradicionalmente de emigrantes. Emigramos en masa a América Latina a finales del XIX y principios del XX. Nos exiliamos por decenas de miles después de la guerra civil, de nuevo en este continente, y aprovechamos para mandar fuera a la flor y nata académica e intelectual del país. En los años cincuenta, otra vez, emigramos por millones a Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda o Francia. Y ahora volvemos a hacerlo, en una curiosa mezcla de mareas migratorias: Ingenieros y licenciados con idiomas, como en el 39, buscando cualquier trabajo, como en el 52. Y mientras tanto nuestros gobiernos siguen comportándose como nuevos ricos con los que vienen a España: exigiendo trámites interminables, demorando absurdamente los papeles, prejuzgando por el tono de piel, convirtiéndolos en objeto de discriminación y rechazo  ante la pobreza.

No reconozco a mi país ni a su gente en estas medidas: va siendo hora de pensar en reventar, también, la burbuja de ignorancia represiva que nos están aplicando. Pero mientras tanto, ¡qué vergüenza¡.

Porque sobre estos asuntos no se ha pronunciado aún la Conferencia Episcopal Española. Realmente esta gente viene a Europa por que está pasando hambre e injusticias en su país. El primer mundo debe de buscar soluciones mas generosas que mutilar con cuchillas a unos pobres emigrantes que están huyendo de la hambruna.

ante el dominio de la producción y el consumo en función de un mercado

LAS UTOPÍAS. Necesarias en época de crisis

Necesitamos más movimientos utópicos como los Indignados del Movimiento 15 M, con la intención de promover una democracia más participativa alejada del bipartidismo PSOE-PP (PPSOE) y del dominio de bancos y corporaciones. Así como una "auténtica división de poderes" y otras medidas con la intención de mejorar el sistema democrático.

Sin la utopía el hombre llegaría a la desesperación, así la definía Paulo Freire al considerar también a la utopía como opción del hombre para  trascender y ser motor de la historia, del desarrollo, de la libertad y de la esperanza en el mejoramiento social.    

Las utopías se  apoyan y fundamentan su “fantasía” de transformación del orden vigente, anticipando las resoluciones históricas y organizando el futuro en función de una convocatoria motivante y comprometedora. Suelen presentarse  positiva y plenamente, como un ideal cuyo papel es la señalización del rumbo de la superación.

La  inteligencia y la sabiduría, conjugadas con los valores espirituales, adquieren cada vez mayor importancia en los proyectos de desarrollo humano. No obstante, el desarrollo de la civilización enseña que también hay utopías que parecen ser muy difíciles de alcanzar y éstas, más que cambiar al mundo, se refieren a  cambiar la mentalidad del hombre.

El mundo moderno abrió la problemática del totalitarismo y la inhumanidad, el dominio de la producción y el consumo en función de un mercado monopólico y profundamente materialista dentro una sociedad con el pensamiento y el sentimiento amputados, en donde nuestra insatisfacción es inevitable, ya que lo pone ante el dilema de la muerte o la locura. Las sociedades modernas, centralizadas, burocratizadas, estatizadas y explotadoras, están en contra de las características de la naturaleza humana. Las depresiones, las angustias, la despersonalización, la indiferencia ante la vida y la violencia en su expresión física y simbólica son algunos de los síntomas de este mal.   

A jubilados, pensionistas y parados se les lleva la pensión de un mes.

EL IBI. IMPUESTO INCONSTITUCIONAL

Sustituir el IBI por un complemento, con destino a los municipios, en el Impuesto de Sociedades y en el de Renta de las Personas Físicas

El Artículo 31 de nuestra constitución establece: que todos los imponentes contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. También incluye este articulo que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Pues bien, por esta razón el IBI no podría ser más injusto por no progresivo y en muchos casos confiscatorio. Ya que se exige sin considerar la efectiva situación económica de quienes se ven obligados a pagarlo y que a muchos jubilados, pensionistas y parados se les lleva la pensión de un mes.

¿Cuándo se va a sustituir por una cuota o complemento, con destino a los municipios, en el Impuesto de Sociedades y en el de Renta de las Personas Físicas? Que se realice en base a los rendimientos efectivos, siempre teniendo en cuenta un adecuado mínimo exento que pueda adaptarse a condiciones de justicia social distributiva.

Resulta curioso que muchos políticos de diferente ideología se hayan pronunciado en contra de este IBI injusto y sin embargo no se haya hecho nada para amoldar su recaudación a una nueva concepción de justicia equitativa que ponga de manifiesto la realidad sociológica de las poblaciones, donde los primeros incumplidores son los políticos responsables de recaudarla.

Ante un PLAN GENERAL

NUEVA CATAPLASMA

En la clausura de la XV Intermunicipal que el PP celebra bajo el lema Soluciones para los Ayuntamientos en Sevilla.

Proyecta para luchar contra la corrupción, que se publiquen las retribuciones íntegras de los cargos públicos y electos, así como de directivos y personal de confianza de las instituciones. Del mismo modo propone entre otras hacer públicas las declaraciones de bienes y prohibir la aceptación de determinados “regalos” que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales.

En los asuntos urbanísticos que haya más controles y se otorgue más peso al personal técnico y realizar un verdadero control, potenciando el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas autonómicas, aumentando sus facultades de fiscalización.

Para esto no hacen falta leyes, es preciso aplicar la que actualmente están en vigor cumpliéndose de verdad para trasmitir al ciudadano una mayor confianza en las instituciones que nos gobiernan.

Con los mimbres existentes en muchos ayuntamientos veo difícil poner en práctica estas medidas ya que para ellas habría que habilitar cauces que permitieran borrar de un plumazo a aquellos alcaldes y alcaldesas que se han venido haciendo del consistorio un cortijo privado.

Respecto a los cargos electos, el PP defiende que se hagan públicas sus declaraciones de bienes, homologar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales, reducir los gastos de protocolo; limitar la posibilidad de compatibilizar la actividad pública y privada de los empleados públicos municipales; y regular claramente la separación de lo público y lo privado.

La financiación a partir de la recalificación de suelo

PODER E INTERÉS DE ALCALDES Y ALCALDESAS

Como los ayuntamientos tuvieron gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos idearon la forma de recoger impuestos indirectos, con potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no al tiempo de propiciar chanchullos lucrativos para el beneficio de los gobernantes interesados. Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla, San Martín de Valdeiglesias….un interminable ecetera. Es demasiado frecuente que detrás de un Plan Urbanístico se esconde otro que favorece intereses poco claros, siempre en contra del pueblo.

Invalidada en parte la Ley del Suelo del 98, por invadir competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Esta responsabilidad recae sobre los ayuntamientos al auspicio de las autonomías, generando los nuevos planes urbanísticos sin que el estado tenga influencia sobre ellos. Esta separación buscaba una mayor eficacia en la prestación de servicios a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo esta situación ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos.

La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años. Así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo. Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de suelo urbanizable, que las acababan costeando los compradores de viviendas. De esta manera amortizaban un enorme impuesto encubierto incluido en el precio de la vivienda.

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales, también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar, a título personal, grandes cantidades de dinero; fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.

Esta situación fue denunciada en el Parlamento Europeo por el Informe Auken, que pedía a las autoridades competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social.