La financiación a partir de la recalificación de suelo

PODER E INTERÉS DE ALCALDES Y ALCALDESAS

Como los ayuntamientos tuvieron gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos idearon la forma de recoger impuestos indirectos, con potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no al tiempo de propiciar chanchullos lucrativos para el beneficio de los gobernantes interesados. Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla, San Martín de Valdeiglesias….un interminable ecetera. Es demasiado frecuente que detrás de un Plan Urbanístico se esconde otro que favorece intereses poco claros, siempre en contra del pueblo.

Invalidada en parte la Ley del Suelo del 98, por invadir competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Esta responsabilidad recae sobre los ayuntamientos al auspicio de las autonomías, generando los nuevos planes urbanísticos sin que el estado tenga influencia sobre ellos. Esta separación buscaba una mayor eficacia en la prestación de servicios a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo esta situación ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos.

La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años. Así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo. Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de suelo urbanizable, que las acababan costeando los compradores de viviendas. De esta manera amortizaban un enorme impuesto encubierto incluido en el precio de la vivienda.

La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales, también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar, a título personal, grandes cantidades de dinero; fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.

Esta situación fue denunciada en el Parlamento Europeo por el Informe Auken, que pedía a las autoridades competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social.