¿Evaluación de impacto del real decreto?

INMIGRANTES. MÁS DE UN AÑO DE EXCLUSIÓN SANITARIA 

Médicos y enfermeras objetan y que siguen atendiendo a sus pacientes, aunque estén en situación irregular y la Administración haya desactivado sus tarjetas sanitarias.

Hace más  de catorce meses, que el Gobierno Central aprobó el Decreto Ley 16/2012 que retira la tarjeta sanitaria a, según cifras gubernamentales, 875.000 personas inmigrantes en situación considerada “irregular” (sin permiso de trabajo y residencia). Esta medida, adoptada en plena época de recortes sanitarios y “copagos” farmacéuticos, supone en la práctica que los inmigrantes “sin papeles” tengan que pagar por la atención sanitaria que se les preste siempre que no sea en urgencias.

El Real Decreto establece que las personas migradas en situación irregular mayores de edad sólo tendrán asistencia sanitaria gratuita en dos supuestos: en casos de urgencia o de accidentes hasta el alta médica y en el embarazo, el parto y el posparto. Las personas menores de edad, las solicitantes de protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos en período de restablecimiento y reflexión también dispondrán de atención sanitaria gratuita. El resto tendrá que pagar por los servicios.

Para Amnistía Internacional, el real decreto es un error de previsión grave y una regresión en el marco de los derechos humanos. La reforma está provocando, a medio plazo, un incremento del gasto sanitario, un aumento de las enfermedades y un incremento de la mortalidad. “Puede suponer, junto con el resto de recortes sanitarios, un descenso de la esperanza de vida.

Sin embargo y lamentablemente, el Estado español no es una excepción en el marco europeo. También el conjunto de los estados miembros de la UE aplican normas que limitan el acceso de las personas sin papeles en la sanidad pública. Cada uno, sin embargo, lo hace con criterios y fórmulas diferentes: hay estados donde la exclusión de las personas es total, como Alemania o Grecia, y otros en que toma varias formas en función del tiempo de estancia en el país, como Francia, Portugal o el Reino Unido, donde Cameron ya ha anunciado que, en 2014 , se restringirá el acceso.

Tal y como establece la ley, el Gobierno español debería haber publicado una evaluación de impacto del real decreto antes de su aprobación, pero aún  no lo ha hecho, a pesar de la petición de varias organizaciones y grupos parlamentarios. Incluso el Tribunal Constitucional se ha hecho eco de la falta de una evaluación.