El abuso de poder

EN EL SUELDO AUTO ADJUDICADO DE ALGUNOS ALCALDES

La ciudadanía debe asumir que los puestos políticos han de tener fecha de caducidad. Se puede hacer de la política una profesión, pero jamás un sostén de poder que pueda amoldar el ente a la persona con todas sus consecuencias negativas. Tal vez por eso, los alcaldes y concejales deberían arrogarse que algún día habrían de retomar sus profesiones para transformarse en ciudadanos normales y corrientes, ser consciente que en ningún caso el poder puede durar más de ocho años.

Sin embargo para muchos ediles, el pueblo se torna en un “cortijo” privado en el que pueden hacer lo que les viene en gana, manejando los dineros de los contribuyentes sin ningún pudor y asignándose salarios muy por encima de lo que puede ser su estipendio en función de sus conocimientos profesionales. Algunos alcaldes y concejales se fijan los sueldos por encima del mercado y del nivel de responsabilidades que asumen. Además, forjan “complementos” en función de su poder de contratación, lo que sería una corrupción soterrada.

Es difícil encontrar a un edil que ejerza su cargo con altruismo solidario. Desgraciadamente, la mayoría lo que pretende es hacer fortuna para  vivir mucho mejor a expensas del sacrificio de muchos ciudadanos. Esta práctica no deja de ser una importante perversión social, que afecta negativamente a la concepción que de la política tiene la ciudadanía en su conjunto.

En muchos casos y cuando la conciencia de cortijo privado se hace patente, puede disponer de manera arbitraria de la ocupación de sus concejales para asignarlos salarios en función de un trabajo, que en demasiados casos, carece de realidad efectiva y simplemente son teatro ante los ojos del pueblo. Cuando la ocupación puntual incumbiría ser simplemente complementaría de prestación voluntaria de trabajo, por encima de las 10 horas semanales como mucho.

En Valdemorillo, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes en la C.A de Madrid. El sueldo de alcaldesa se ha duplicado por un pacto entre partidos y es equiparable a los sueldos de dos ministros del gobierno de la nación. Los concejales cobran sufragas muy por encima de sus capacidades, y disponen de libre asistencia a sus ocupaciones pactadas. Dicho sea de paso que los funcionarios y contratados de mayor nivel académico, perciben salarios más altos que tampoco se ajustan a las condiciones del mercado. El pueblo, en su conjunto, está sufriendo los efectos de la crisis y se han recortado muchos gastos de repercusión social. Sin embargo los sueldos altos se mantienen inamovibles y se han amortizado puestos de trabajo de ciudadanos del pueblo que se han quedado en paro. Todos estos casos deberían ser bien estudiados por la nueva ley que se está cocinando en el parlamento con objeto de ir eliminando situaciones similares que tanto daño hace a la institución democrática en su conjunto.