Un paso atras

EL PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA TRASPASA FRONTERAS CONSTITUCIONALES.

La seguridad ciudadana constituye una condición del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos y amparados por las constituciones democráticas. Sin una garantía real de aquélla, éstos quedarían reducidos a una mera declaración formal carente de eficacia jurídica. En este sentido, la seguridad ciudadana se configura como uno de los elementos determinantes de la calidad democrática de un país

El proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que prepara el Gobierno traspasa varias de las fronteras planteadas por la Constitución. Así lo estima el Consejo General del Poder Judicial en su informe al proyecto de ley, que acaba de hacer público el órgano rector de los jueces. Según el informe elaborado, los convocantes de manifestaciones o protestas no podrán ser responsabilizados de los disturbios que se generen en el desarrollo de las mismas. En este sentido, el texto señala que "el establecimiento de la responsabilidad conjunta de los organizadores y promotores de las reuniones y manifestaciones en todas las infracciones relativas a actos de este tipo en lugares de tránsito público contraviene el principio de personalidad de la sanción, al hacerles responsables de la conducta de un tercero más que de la propia". El anteproyecto de Ley establece siete tipos de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros.

También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.

Interior permite a los vigilantes de seguridad colaborar con la policía. El informe del Consejo recomienda la supresión de esta norma, básicamente porque afecta al ejercicio de un derecho fundamental, cuya defensa atribuye la Constitución en exclusiva a las fuerzas del orden estatales.

Ahora las multas penales las impone un juez atendiendo a la capacidad económica del denunciado, mientras que el texto de Interior obvia esta circunstancia. El informe del Poder Judicial también critica que la futura norma tipifique conductas de las que difícilmente puede decirse que comprometen la seguridad pública, de ahí que no esté justificado que se consideren una infracción. Además, señala que en algunas infracciones se aprecia falta de proporción, pues se sancionan conductas insignificantes.

Una reflexión.

LA VIOLENCIA Y EL AMOR TIENEN LENGUAJES DIFERENTES.

La sociedad que hemos construido entre todos desde un mundo fundamentado en el poder del dinero. Mundo que se ha ido despojando de valores individuales y colectivos, que nos permitían enfocar nuestra convivencia desde otros parámetros distintos. Este mundo que nos ha conducido a una etapa de crisis económica y de valores nos tiene que poder permitir reconocer lo que se ha dado por llamar el lenguaje de la violencia.

El lenguaje de la violencia juzga, desvaloriza, insulta y niega la existencia de otros diferentes, despreciando sus emociones y sus desiguales puntos de vista. 
 
El lenguaje del amor escucha, respeta, reconoce al otro, comparte emociones y expresa necesidades, compaginando los distintos puntos de vista. En definitiva, aceptando otras culturas sin contraponerlas como superiores o inferiores.

La educación tiene una gran tarea, educamos para ser autónomos, sabiendo y reconociendo nuestra interdependencia para permitir soluciones a los problemas vitales y para crecer como personas, para compartir un mundo más justo que destierre la violencia.

La violencia no es cólera ni esta coligada con la injusticia, la herida o la frustración. Nace de la impotencia ante situaciones difíciles, nace del no reconocimiento de necesidades o de no saber pedirlas o satisfacerlas. La violencia no es cólera es precisamente su fracaso. La cólera y la rabia como emociones en si construyen energía, que no es ni positiva ni negativa. El problema reside en su desviación hacia la agresividad o violencia.

Todos los discursos sobre las hormonas de la agresividad o sobre la violencia intrínseca al ser humano en el fondo aceptan la dominación y nos dejan impotentes. Estos discursos sobran, pues reconocemos que la agresividad de los humanos, debido a la cultura, puede derivar en construcciones artísticas, literarias, filosóficas…etc. y en la construcción de proyectos humanitarios que instauren la justicia, la convivencia y la resolución de conflictos por vías pacíficas, es decir mediante la negociación y el consenso. Ello es tarea de la cultura y de la educación, es decir de todas las personas, pues nos educamos y todas hacemos cultura, aunque no todas tengamos la misma responsabilidad ante la vida y frente al fenómeno de la violencia

En España hay tres millones de personas que viven con menos de 307 euros al mes

NOS EMPOBRECEN,  ROBAN Y ESCLAVIZAN

El poder económico usa de todas las armas a su alcance, si es preciso amañando las estadísticas, para mostrarnos un panorama falso.

Se da un fenómeno nuevo y es el que tiene trabajo y es pobre porque con las bajadas de los salarios bajos, “la pobreza se ha disociado del empleo”.

En España hay tres millones de personas que viven con menos de 307 euros al mes, el doble que en 2007 justo antes del inicio de la crisis, según datos del último informe de Cáritas. La pobreza se convierte en severa y crónica: dos millones de mujeres y hombres llevan más de dos años en paro y 3,5 más de uno. Según la organización, del total de personas que atienden una de cada tres pide ayuda desde hace más de tres años. Cifras que desgarran.

Nos escriben que las actuales medidas de salida a la crisis generan empleo. Sin embargo, los datos contradicen dichas afirmaciones. Entre los años 2007 y 2013, cada semana 13 mil personas perdieron su trabajo en el Estado español, según datos de la OCDE, la mayor tasa de destrucción de empleo en toda Europa. Un triste récord que se suma al de la caída de ingresos en los hogares, 2.600 euros menos por persona, entre 2008 y 2012, una de las más fuertes del continente.

La pobreza, que arrasa con nuestras vidas y nuestro futuro, no tiene nada de natural. Los números así lo indican. El empobrecimiento no es patrimonio de un país o unos pueblos, sino, según la sagrada doctrina del capital, de una determinada clase social. En España, el 10% más pobre ha visto disminuir sus un 14% anual, la media de empobrecimiento de este sector en Europa se sitúa en un 2% al año; mientras, los ingresos del 10% más rico aumentaron un 1%, según la OCDE. Haciendo cuentas, el Estado español se ha convertido en el país donde la brecha entre pobres y ricos es mayor, a la cabeza de las desigualdades en Europa.

Ante tanta injusticia, las calles deberían estar “en llamas”. Sin embargo, nos inoculan el miedo, el escepticismo, la apatía. El número de suicidios, aunque a menudo se quiera silenciar, aumenta. En 2012, las muertes por lesiones auto infligidas creció un 11,3% respecto al año anterior, superando la cifra más elevada de muertes por suicidio de 2004, y siendo la primera causa externa de mortalidad, según el Instituto Nacional de Estadística. De aquí, que la recuperación de la dignidad, el “sí se puede”, por el que luchan los imprescindibles de las Marchas de la Dignidad, y tantos otros, sea tan importante. O resignación o rebeldía, o muerte o vida, ésta es la cuestión.

Vivimos momentos de desasosiego

SÍ LOS QUE MANDAN PIERDEN LA VERGÜENZA, LOS QUE OBEDECEN PIERDEN EL RESPETO.

España ha ido perdiendo fuelle en Europa y en el mundo. Ha dejado de ser un ejemplo, si acaso se ha convertido en un mal ejemplo. España es el país del soborno, de la injusticia, del cohecho, del unto, de la ilegalidad, de la inmoralidad, de la infracción, de la transgresión, de la prevaricación, de la indecencia que convive con todo lo contrario. En el patio de monipodio nacional vivían antes solo los pícaros de poca monta, ahora conviven, solo que en lujosas mansiones, políticos y banqueros. Y los alcaldes se auto asignan sueldos de escándalo.

El Comisario Europeo de Derechos Humanos de origen letón, Nils Muiznieks, pidió, hace solo unos meses, el fin de la impunidad con la que las autoridades españolas suelen tratar los abusos policiales en manifestaciones. También desde el Consejo General de Poder Judicial se han confirmado muchos de los vicios de inconstitucionalidad que las asociaciones de derechos humanos señalaron en la llamada Ley Mordaza (ley de protección de la seguridad ciudadana, duramente criticada por la oposición y los movimientos sociales). También los sindicatos policiales cuestionan la política irresponsable de unos altos mandos empeñados en presentar todo acto de protesta como una conspiración terrorista o nazi.

Los que hemos superado determinada edad y sufrimos los desmanes policiales del “antiguo régimen”, se nos hiela la sangre con algunos de los acontecimientos que estamos viviendo ahora ante la imperturbabilidad, incapacidad para rectificar del gobierno, que es consustancial al Régimen del miedo, del desprecio por los derechos, tan necesario cuando lo que se pretende es blindar privilegios que solo pueden prosperar en las vertederos del poder.

Todo esto arroja luz sobre el sutil pero efectivo golpe mediático que se ha producido en los últimos tiempos. El mismo que permite a los grandes medios silenciar o ridiculizar la protesta social. Todos los acontecimientos y la oportunidad de su muerte han forzado a recuperar la figura de Suarez, un político vituperado y hundido por la derecha y arrinconado durante años. Ahora al PP le interesa su recuperación como emblema de un “consenso sin conflicto”. Borrar la memoria de la presión en la calle que forzó al Régimen franquista a abrirse más de lo que hubiera querido, y evitar, claro, que esta presión pueda llegar a imponer hoy la ruptura democrática que entonces no se consiguió.

Vivimos momentos de desasosiego social profundo, la Marcha por la Dignidad ha instigado la esperanza de miles de personas que asistían impotentes, atemorizadas, a la expropiación de sus derechos y de la capacidad de decidir sobre sus vidas. Ese grito de esperanza tendrá continuidad en decenas de actos y manifestaciones para denunciar las políticas represivas y anti-sociales aprobadas.

Cada uno de estos actos, cada una de estas manifestaciones, será una confirmación, modesta pero irrevocable, del viejo aforismo: cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen dejan de hacerlo.

A MI REGRESO DE CATALUÑA

LOS PROCESOS INDEPENDENTISTAS SE BASAN EN LA FUERZA. ESPAÑA ESTÁ APOYADA INTERNACIONALMENTE.

Todo diálogo resultará estéril si la voluntad inamovible de unos es la independencia y la de otros la indivisibilidad. Y no aportan nada eficaz las posiciones intermedias.

No existe posibilidad de acuerdo en Cataluña, todo diálogo resultará estéril si la voluntad inamovible de unos es la independencia y la de otros la indivisibilidad. Y a la que no aportan nada eficaz las posiciones intermedias de federalismos bien avenidos y concesiones económicas. Como ambas posturas se subdividen a su vez en diversos matices, intensidades, radicalidades, etc... Pero sin salirse de su encuadre principal la cosa no tiene fácil solución,  no hay punto de encuentro.

Además cada postura adereza su argumentarlo con una serie de agravios, mentiras, disparates. La opción federalista podría satisfacer formalmente la necesidad de Cataluña de sentirse una nación sin llegar a la ruptura, pero claro genera desconfianza en ambos lados, unos porque les limita y otros porque les permite. Y salvo casos de colonialismo obvio, como fue la India, las repúblicas Americanas, Indochina, países africanos,... dicha polaridad se dará en todo proceso independentista, porque unos piensan lo contrario de los otros. Lo más grave es que todos tienen sus razones, y parte de sinrazón, verdades y mentiras en ambas partes. Pero al final lo que se impone es la irracionalidad, porque el proceso en sí mismo es irracional. Tal vez por eso la inmensa mayoría de españoles están tan seguros de que Cataluña no conseguirá su independencia y que el conflicto apenas ya suscita interés.

Los procesos independentistas no se basan sólo en la legalidad, se basan en la fuerza. Y en este caso España es la más fuerte y la más apoyada internacionalmente. La legalidad nunca puede ser quebrantada en un Estado de Derecho. El inconveniente es que Cataluña, a través de su Generalitat, no reconoce al Tribunal Constitucional, al que califica de órgano político que ornamenta sus decisiones con lenguaje jurídico, acusando además a varios de sus miembros como agitadores de la catalanofobia. El conflicto, pues, se intensifica, ante la indiferencia de los ciudadanos, preocupados principalmente por las tensiones económicas y de orden público que padecen.

El argumento antidemocrático de negar a un pueblo la posibilidad de elegir su destino se neutraliza con el democrático de que es una decisión a tomar por todo el pueblo español y no solo el catalán, y la ley ha de respetarse, y, si se discrepa, cambiarla. Las posiciones son irreconciliables.