A MI REGRESO DE CATALUÑA

LOS PROCESOS INDEPENDENTISTAS SE BASAN EN LA FUERZA. ESPAÑA ESTÁ APOYADA INTERNACIONALMENTE.

Todo diálogo resultará estéril si la voluntad inamovible de unos es la independencia y la de otros la indivisibilidad. Y no aportan nada eficaz las posiciones intermedias.

No existe posibilidad de acuerdo en Cataluña, todo diálogo resultará estéril si la voluntad inamovible de unos es la independencia y la de otros la indivisibilidad. Y a la que no aportan nada eficaz las posiciones intermedias de federalismos bien avenidos y concesiones económicas. Como ambas posturas se subdividen a su vez en diversos matices, intensidades, radicalidades, etc... Pero sin salirse de su encuadre principal la cosa no tiene fácil solución,  no hay punto de encuentro.

Además cada postura adereza su argumentarlo con una serie de agravios, mentiras, disparates. La opción federalista podría satisfacer formalmente la necesidad de Cataluña de sentirse una nación sin llegar a la ruptura, pero claro genera desconfianza en ambos lados, unos porque les limita y otros porque les permite. Y salvo casos de colonialismo obvio, como fue la India, las repúblicas Americanas, Indochina, países africanos,... dicha polaridad se dará en todo proceso independentista, porque unos piensan lo contrario de los otros. Lo más grave es que todos tienen sus razones, y parte de sinrazón, verdades y mentiras en ambas partes. Pero al final lo que se impone es la irracionalidad, porque el proceso en sí mismo es irracional. Tal vez por eso la inmensa mayoría de españoles están tan seguros de que Cataluña no conseguirá su independencia y que el conflicto apenas ya suscita interés.

Los procesos independentistas no se basan sólo en la legalidad, se basan en la fuerza. Y en este caso España es la más fuerte y la más apoyada internacionalmente. La legalidad nunca puede ser quebrantada en un Estado de Derecho. El inconveniente es que Cataluña, a través de su Generalitat, no reconoce al Tribunal Constitucional, al que califica de órgano político que ornamenta sus decisiones con lenguaje jurídico, acusando además a varios de sus miembros como agitadores de la catalanofobia. El conflicto, pues, se intensifica, ante la indiferencia de los ciudadanos, preocupados principalmente por las tensiones económicas y de orden público que padecen.

El argumento antidemocrático de negar a un pueblo la posibilidad de elegir su destino se neutraliza con el democrático de que es una decisión a tomar por todo el pueblo español y no solo el catalán, y la ley ha de respetarse, y, si se discrepa, cambiarla. Las posiciones son irreconciliables.