CARLOS JIMENEZ VILLAREJO

ENTEVISTA AL EX FISCAL ANTICORRUPCIÓN,

Carlos Jiménez Villarejo, pertenece a una familia de juristas. Ingresó por oposición libre en la carrera fiscal. Con 27 años, en 1962 lo nombraron abogado fiscal en la Audiencia Territorial de Barcelona.  A principios de los 1970, militó en la oposición antifranquista. En 1972 fue cofundador de la asociación Justicia Democrática y por esos años también militó en el PSUC. En 1973 sufrió un traslado forzoso a Huesca por la defensa de los derechos humanos. En la década de 1980, ya en la democracia, en su labor como fiscal interpuso una querella a Jordi Pujol por el caso Banca Catalana, que finalmente terminó con un sospechoso sobreseimiento judicial de los consejeros del banco. Tras su jubilación, libre de la obligación de reserva de opiniones políticas que le imponía el ocupar un alto cargo como fiscal, acrecienta su actividad pública civil, manifestando su pensamiento jurídico ante diversos temas políticos, participando activamente en diversas organizaciones cívicas de carácter público y privado.

Carlos Jiménez Villarejo, hace meses en una entrevista contestaba así a diferentes preguntas relacionadas con la CORRUPCIÓN Y EL FRAUDE PLANTEADO DESDE EL PODER POLÍTICO Y ECONÓMICO.

P. Sería posible que al perseguir a los grandes defraudadores el dinero recaudado y no evadido sea suficiente para paliar las necesidades en el sistema de pensiones de este país y otros servicios sociales? Y ¿Cómo reaccionarían las llamadas “grandes fortunas”? Siempre hemos oído eso de que se irían, pero yo no lo tengo tan claro. ¿Cuál es su opinión?

R. Creo que con un mejor sistema de inspección fiscal sobre las rentas obtenidas por los ricos sería posible conocer y controlar esas rentas y su destino y dada la enorme cuantía que representan permitirían afrontar el sistema de pensiones y otras necesidades sociales. Basta con un dato. Los 30 consejeros mejor retribuidos de España percibieron una media anual de 4,25 millones € y más de 80 directivos de las empresas del IBEX 35 percibieron el año pasado una media mensual de 1 Millón €. Necesitamos un estado más exigente con los poderosos y con menos cautelas y miedo a ellos y a lo que representan. Pero, claro, ya se sabe que controlan de una manera o de otra a la clase política que debía perseguirlos.

P. Los políticos tienen, por la propia naturaleza de su labor, especial capacidad para ocultar sus delitos y enredar y demorar la investigación sobre ellos, incluso cuando ya, nominalmente, no están en el poder. Tengo la impresión de que se repiten situaciones en las que se un corrupto queda exonerado porque el delito, cuando se descubre y se intenta juzgar “ya ha prescrito”. ¿Por qué no se ha incluido en la directiva Villarejo la no prescripción de los delitos cometidos en el ejercicio de un cargo público?

R. Llevas toda la razón. La persecución de la corrupción política es lenta y débil, en parte favorecida por la complejidad y en parte por la tibieza judicial. EN efecto, creo que los delitos de la corrupción, perdona la omisión, debían estar regulados con plazos de prescripción mucho más amplios, no menos de 10 años, lo que garantizaría su persecución efectiva. Si no está en la directiva, a partir de ahora lo estará, porque es una de las exigencias necesarias para la pasividad de la justicia ante esos delitos.

Mucha gente está asustada con la actuación judicial de este país. Un poder judicial al servicio del gobierno que deja impune la corrupción o incluso una fiscalía que es un claro cortafuego a los poderosos ¿cree que hay alguna solución viable a este desmán?

Entiendo que la respuesta judicial es insuficiente pero también desigual. Porque, por ejemplo, en Baleares, la respuesta está siendo muy eficaz y hay varios dirigentes políticos del PP y de otros partidos en prisión. El 90% de las sentencias dictadas por esos delitos de corrupción han sido condenatorias. No obstante, falta una respuesta judicial más uniforme y más valiente, que tema menos a los poderosos que, con toda seguridad, les van a complicar la vida. En cuanto a los fiscales, hay respuestas también desiguales, pero resulta indispensable asegurar mejor de lo que está la independencia del Fiscal General respecto del gobierno.

¿Cómo se puede luchar contra el fraude de las élites cuando constantemente en los medios de comunicación masivos insisten en que cuanto mejor les vaya a esas élites mejor nos irá a nosotros?

He visto con mis propios ojos que muchísimos puestos de trabajo siempre han sido asignados a los militantes de los grandes partidos y personas cercanas. Teniendo en cuenta la enorme cantidad de militantes que hay en los grandes partidos y la enorme red de enchufismo e intercambio de favores que hay ¿Cómo se puede luchar contra eso? También hay que tener en cuenta la ingente fuerza de voto que se consigue de ésta manera en la que simplemente a base de militancia y enchufismo casi se pueden conseguir mayorías.