Rafael Blasco
Del FRAP,... pasando por el PP.
Para unos sería un verdadero animal político, para otros, que conozcan mejor su trayectoria política, un camaleón o un auténtico sinvergüenza de la política valenciana. Es el único dirigente valenciano que presume de haber sido consejero en todos los gobiernos de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma, primero, y luego con los populares Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Fabra.
Para ilustrar un poco su trayectoria política,
Rafael en su juventud militó en la extrema izquierda: primero el Partido Comunista,
después en el Movimiento Comunista y finalmente el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). En la etapa
inmediatamente posterior a finalizar sus estudios universitarios de Derecho
había accedido por Oposición a una plaza de Interventor de la Administración
Local, pero su primera militancia, todavía bajo el franquismo, le llevó a
conocer situaciones de prisión y de exilio.[Posteriormente pasó al PSPV-PSOE,
Joan Lerma, primer presidente de la Generalidad Valenciana, le nombra
"conseller" de Presidencia. Cuatro años después se presenta una
denuncia por sobornos a funcionarios de la "conselleria" a cambio de
la recalificación de terrenos. El presidente Lerma lo destituye de su cargo.
Pero aún no termina su periplo político
evolutivo hacia posturas cada vez más conservadoras ya que tas Después de varios
intentos de fundar un partido propio, se aproxima al Partido Popular a través
de Eduardo Zaplana, quien lo nombra subsecretario de Planificación cuando Tras
la marcha de Zaplana, el nuevo presidente Francisco Camps lo designa
"conseller" de Territorio y Vivienda (2003-2006) y de Sanidad
(2006-2007). Tras la reelección de Camps en 2007, Blasco pasa a la
"conselleria" de Inmigración, que Blasco logra llenar de competencias
tras ser rebautizada como Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.
El nombre de Blasco había aparecido
directa o indirectamente relacionado con lucrosas concesiones de ITV,
adjudicaciones millonarias de servicios de atención telefónica o la concesión
de la gestión de residencias de la tercera edad de carácter público a empresas
supuestamente amigas. Según la Policía, es el apócrifo líder de una trama que
podría haber robado hasta 8 millones de euros de fondos que debían invertirse
en proyectos solidarios. La más extendida alude a la ingente y relevante
cantidad de información acumulada por Blasco. Ahora por fin la justicia le
condena por tráfico de influencias, prevaricación,
falsedad documental y malversación de caudales públicos a ocho
años de prisión y 20 de inhabilitación
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