El Gobierno del PP también
ESTÁ GENERANDO LA INEXORABLE CAÍDA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA.
A la subida de tasas y
disminución de becas para el alumnado, hay que sumar los recortes en infraestructuras,
proyectos de investigación, ayudas para la formación continua de su personal docente
y de administración y servicios.
En
suma, es el ataque más grave contra la universidad y su autonomía producida en
los últimos tiempos por Gobierno. Todo se ha llevado a cabo por Decreto
Ley, sin negociación ni consenso y sin esperar a los resultados de
la "comisión de expertos" nombrada por el ministro Wert, a los
efectos de detectar problemas y presentar propuestas de mejora para la
universidad española.
El
ministro justifica estas medidas en la búsqueda de la excelencia, con toda una filosofía sobre la universidad española que amplificada
por algún que otro rector, se ha extendido por escuelas, facultades y la propia opinión pública.
Para ello, se parte de la consabida tesis de la ineficiencia del sector público
y de sus mecanismos propios de funcionamiento; por ejemplo, se descalifica la
forma de selección del profesorado universitario, se critica la presencia de
los sindicatos en este foro y se llega a cuestionar incluso la elección del
rector por la propia comunidad universitaria.
Se nos
critica a quienes allí desarrollamos nuestra labor profesional. Dado que la
mayoría somos funcionarios, empleados públicos, se nos aplica al pie de la letra los
calificativos de: vagos, privilegiados y acomodados. Traducido en
términos universitarios, que damos pocas clases, que no formamos buenos profesionales,
que no publicamos en prestigiosas editoriales y revistas internacionales y que
somos una rémora para una futura universidad de calidad.
El
ministro invoca como prueba los rankings que muestran la ausencia
de centros españoles entre las cien mejores universidades del mundo. Sobre la
validez de estos rankings y de los intereses de quienes los hacen, hay serias y
acreditadas dudas. En cualquier caso, y dejando al margen esta polémica, lo que
muestran con claridad es la relación directa entre la posición en la lista y el
porcentaje del PIB que cada país dedica a investigación y desarrollo.
De
esas cien universidades la inmensa pertenece a países que dedican entre el 2,3% y el 3% de
su PIB a investigación y desarrollo, mientras que España se encuentra en el
1,3% y bajando (datos del Instituto Nacional de Estadística). El
desprecio que al ministro Wert le merece este dato demuestra su profundo desconocimiento de la
universidad española y sus mecanismos de financiación.
A
cambio, se prefiere colocar al profesorado en el punto de mira. Se le reducen
los salarios, las pagas, los incentivos y los recursos para la investigación y la docencia.
Esta situación se ve agravada por la implantación del Plan Bolonia, que ha
supuesto un cambio radical tanto en la organización de las enseñanzas como en
la propia metodología docente. Conviene recordar que este plan se había puesto
en marcha no hace tantos años por el entonces Gobierno socialista. Y que se
hizo "a coste cero", eufemismo utilizado para decir de forma suave
que no se iban a dedicar más recursos para ello que aquellos con los que ya
contaban las universidades.
Con
independencia de la valoración que merezca esta nueva organización de las
enseñanzas universitarias, justo es reconocer que solo se ha podido poner en
marcha gracias al esfuerzo y buen hacer de esos vagos, acomodados y
privilegiados empleados públicos que trabajan en las universidades. Sin embargo
el PP aduce que la mejor forma de mejorar la calidad universitaria es reducir
sus recursos. Para ello, además de las medidas señaladas líneas atrás, dirige
su atención sobre el profesorado en formación, es decir, aquel que todavía no
ha accedido a la categoría "maldita" de permanente, bien por la vía
funcionarial bien por la laboral. El Ministerio que dirige Wert ha ordenado la
paralización de la oferta de plazas de profesorado,
amenazando incluso con recurrir a los tribunales y denunciar a las
universidades que osen convocar concursos. Con ello se impide la promoción de
los que ya han agotado, con éxito, su período de formación y que se encuentran
a la espera de acceder a la condición de profesorado permanente.
Por
cierto, cualquiera que haya pasado un mínimo período en una universidad
estadounidense sabe que la importancia que allí prestan a la docencia es mucho
mayor que la que están dispuestos a concederle aquí los profetas de la
excelencia.
En
suma, estamos ante un paso más en el desmantelamiento de otro de los servicios
públicos a través de una estrategia de sobra conocida. Descapitalizarlos para
después privatizarlos. La sanidad, la educación pública no universitaria y
ahora la universitaria.
Quieren desmantelar la universidad pública y que vuelva a ser como la de los años 60: elitista”.
ResponderEliminarEl ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, aprobó la creación de una comisión de expertos que estudiará las posibles medidas a tomar para terminar con las “ineficiencias” de la universidad,
“La masificación de las aulas, la subida de tasas año tras año, los precios públicos que no son tan públicos o la falta de material para las prácticas son algunos de esos problemas”. También la implantación del plan Bolonia como una de las deficiencias del sistema, porque “no ha contado con la inversión suficiente para poder llevar a cabo el cambio metodológico necesario”.