¿Tenemos la clase política que nos merecemos?




La clase política española no se ha constituido como un grupo de intereses particulares, sino que se ha conformado como una auténtica élite esquilmadora. Y ello, lo ha logrado a través de un sistema de captura rentista que permite, sin crear nueva riqueza, detraer rentas en su propio beneficio. Igualmente, ha adquirido un poder que le permite condicionar y bloquear el funcionamiento de una sociedad abierta y un capitalismo dinámico, es decir, anquilosa al propio sistema de economía de libre mercado.

La resignación de la clase política de España es vergonzosa y no explica cual ha sido su parte de culpa en el paro de seis millones de compatriotas, en la quiebra parcial del sistema financiero y en el mantenimiento de un sector público momificado que no puede hacer frente a sus compromisos de pago.
¿Cómo es posible que, tras cinco años de iniciada la crisis, ningún partido político tenga un diagnóstico coherente de lo que le está pasando a España? Y tampoco tenga una estrategia o un plan a largo plazo creíble para sacar a España de la crisis o sea incapaz de planificar una solución que permita despejar el horizonte ¿Cómo es posible que la clase política sea incapaz de ser ejemplar?
¿Cómo es posible que nadie haya pedido disculpas? Y que la estrategia de futuro más obvia para España la mejora de la educación, el fomento de la innovación, el desarrollo y el emprendimiento y el apoyo a la investigación sea no ya ignorado, sino masacrado con recortes por los políticos mayoritarios.
La crisis ha acentuado el conflicto entre los intereses particulares de la clase política española y el bien común de España. Las reformas estructurales para permanecer en el euro chocan frontalmente con los mecanismos de saqueo de la casta política. La infinita desgana con la que se está abordando el proceso de reformas nos muestra las consecuencias que el reformismo producirá a la clase política en su sistema de captura de rentas. Es decir, y siendo claro, la casta política está “mareando la perdiz” con la esperanza de que la tempestad amaine por sí misma para que al final no haya que cambiar nada esencial. Como este escenario parece poco probable, tarde o temprano, la CPE se enfrentará al dilema de aplicar las reformas o abandonar el euro.
La confusión inducida entre reformas y recortes tiene el efecto perverso de intoxicar a la población para crear el caldo de cultivo necesario para, cuando la coyuntura sea propicia, presentar una salida del euro como una defensa de la soberanía nacional frente a una intromisión exterior que impone recortes drásticos al Estado del Bienestar.

Ahora quiero extrapolar este problema a nuestro entorno más inmediato. ¿Cómo los votantes estafados por algo diferente como Pivalde?,  no pusimos el grito en el cielo al usarse nuestro voto para intereses espurios y personales, para salvar los problemas económicos de la mayoría de sus miembros. 
¿Cómo es posible que los militantes del PP no vieran una estratagema inmunda? ¿Cómo los concejales del PP tragan con este “momio” y callan?.

Estos cambalaches, no sólo afecta a la visión que el ciudadano tiene de la clase política, sino que además es un ultraje al estado de derecho. Comparemos programas previos a las elecciones y juzguemos, si lo vivido con este pacto es un ultraje al ciudadano de Valdemorillo. 
¿Cómo es que la concejala nº 3 de Pivalde, no ha abandonado aún esta nave cargada de intereses poco claros?

...¡Hoy resulta que es lo mismo
ser derecho que traidor!...
¡Ignorante, sabio o chorro,
generoso o estafador!...

Comentarios

  1. Pablo García González15 de enero de 2013, 20:13

    Es una vergüenza.
    Y supongo que responde a los mismos planteamientos en base a los cuales los partidos políticos (todos) y las instituciones continúan llenos de “imputados” a los que rara vez se aparta de sus responsabilidades. Porque claro, hay que esperar pacientemente a que la justicia se pronuncie (con la que está cayendo)
    Si nos fijamos en concreto en el tema de la sanidad (hasta ahora un servicio público) no sorprende en absoluto que todos estos impresentables cometan desmanes que son “legales”, ya que el mecanismo de relación entre las prestaciones sanitarias privadas y las que siguen siendo públicas está regulado actualmente de forma muy deficiente.
    Y dado que se trata de un tema complejo, y bastante atomizado (ya que la sanidad es competencia autonómica), es uno de los temas que más “apestan” cuando uno se pregunta quién ha de regular legalmente este tipo de relaciones, y cómo ha de hacerlo para preservar el interés general.
    Y entonces ¡Oh! ¡Sorpresa! Casualmente resulta que los responsables de regular adecuadamente para velar por la transparencia y los intereses generales en este asunto son los mismos (o muy cercanos a ellos) que los que se están aprovechando del “vacío legal” y son capaces luego de decir con toda su cara de cemento “No hago nada incorrecto porque esto no es ilegal”
    Yo me pregunto si será legal esta forma de poner el carro antes de los bueyes, y no regular adecuadamente y con la máxima transparencia los mecanismos de relación público-privados antes de “externalizar” servicios. Algo de lo que después claramente muchos se aprovechan…
    Es decir, tal vez la ilegalidad no está donde la percibimos, sino en la ausencia previa de actuaciones por parte de los responsables de velar por el bien común. Y desde luego, esté donde esté la ilegalidad, la inmoralidad es seguro que está en ambos lados.
    Sugiero la lectura de este estudio realizado por PriceWaterhouse Coopers en relación con la sanidad:
    http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/A408DA7FDD4D09A3C12579E50032CD56/$FILE/temas-candentes-sanidad-2012-pwc.pdf

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