POR UNA NUEVA LEY ELECTORAL
No se trata solo de renovar a los representantes o los liderazgos
en los partidos convencionales, sino de cambiar radicalmente las condiciones y
el ejercicio de la representación. Se
buscan efectos de cambio pero sin cuestionar el sistema de partidos e
institucional, sin poner en entredicho el marco inalterable de la democracia
representativa tal y como está concebida.
Pasados
más de 30 años de no hacer nada y culpabilizar a la ley electoral de todos los males
del sistema de la democracia representativa, se empieza a tomar conciencia de
una obviedad. Este país ha tenido un grave problema de falta de
proporcionalidad en la Ley Electoral, ciertamente, pero ha arrastrado también
un profundo inmovilismo que ha impedido cualquier ejercicio real de
participación y control ciudadano más allá de elegir representantes cada cuatro
años, en listas cerradas y bloqueadas.
Ninguna
ley impide un entrenamiento permanente de transparencia a los partidos o
a las instituciones. Nada inhibe dar cuentas en tiempo real de los ingresos,
gastos, créditos o financiación. Nada impede consultar de forma permanente a
simpatizantes, electores o ciudadanía sobre las decisiones a tomar y nada
imposibilita haber abierto al control de la ciudadanía los procesos de
deliberación tanto en múltiples causas como en la elección de los distintos
cargos de representación.
El
salto cualitativo y de ruptura lo ha marcado ya la ciudadanía. Deben
existir garantías no sólo para participar y controlar el ejercicio de la
política y la toma de decisiones, sino para el ejercicio de la democracia directa, es decir para poder
ejercer el voto de forma directa en todas las ocasiones que sea oportuno. las primarias abiertas, no deberían
ser una excepción, sino la norma que, de forma natural y sin tanta
sobreactuación, determinarán la voluntad y el derecho de afiliados,
electores y/o ciudadanía para intervenir en la elección de aquellos que
ejercerán la representación en los parlamentos.
Las
primarias abiertas a la ciudadanía son en este momento una condición
imprescindible pero no suficiente. El objetivo es la superación de un sistema
cerrado de democracia representativa hacia un modelo donde la transparencia y
el control ciudadano, así como el ejercicio de la democracia directa, permitan
recuperar la capacidad de toda la sociedad. Permitan intervenir en aquellos
temas que tienen efectos sobre sus propias vidas y que garanticen poner
el interés común por encima de las presiones de los grupos de poder. Por ello
hay que pasar a la acción.
Creemos que, entre los muchos cambios que hoy demanda nuestro sistema político, el más urgente es la elaboración de una nueva Ley de Partidos Políticos, con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna, la transparencia y el control de su financiación y acercar la política a los ciudadanos. Esta es una condición necesaria para poder abordar con garantías un proceso de reforma institucional mucho más amplio que debería incluir, entre otras, la reforma de la Justicia, la regulación de los lobbies y la separación estricta de los cargos políticos y los puestos administrativos para garantizar la independencia y la profesionalidad de la función pública. Las normas básicas que esta nueva Ley debería recoger son muy comunes en las democracias europeas. Concretamente, debería exigir
ResponderEliminarCelebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija.
• Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva.
• Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de control.
• Elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso.
Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias.
• Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes previas a la presentación de las cuentas que deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido.
• Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.