HAY DECENAS
DE MILES DE “DEDOCRATAS” EN LA ADMINISTRACIÓNES PÚBLICA CON FUNCIONES INCONCRETAMENTE INDEFINIDAS
MIENTRAS,
SE ESTÁ DESTRUYENDO UNA BUENA PARTE DE LA FUNCIÓN PÚBLICA MEJOR PREPARADA.
Los investigadores o intelectuales que intervienen en el mundo político no se
convierten inmediatamente en políticos. Siguiendo el modelo creado por Emile
Zola, los investigadores se vuelven intelectuales o intelectuales públicos
cuando invierten su autoridad específica y los valores asociados al ejercicio
de su interés en una lucha política. Tal vez por eso o no solamente por eso se puede
entender como una buena parte de los políticos sean tan torpes de no darse
cuenta que la realidad social discurre por caminos diferentes que los intereses
de la mayor parte de los políticos en el poder.
Para
muchos políticos, tal vez los más torpes, sus decisiones se toman pensando en
la incapacidad del elector, sin embargo la realidad está siendo otra y la
incapacidad de una parte importante de los políticos esta poniéndose en
cuestión en muchos foros de opinión.
Habiendo postulado estas notas preliminares,
puedo afirmar que los intelectuales, científicos, etc. que ingresan a la acción
política en base a su competencia en sus áreas de especialización son indispensables para poder responder a
las demandas sociales y si se hubiera tenido en cuenta este postulado no acontecería
que en tan solo cuatro meses haya menos de 2.500 puestos de trabajo público en la
sanidad madrileña. La caída de empleo en el sector supone una disminución de
más del 3% del total, ya ni siquiera se cumple la normativa estatal que
establece que se han de reponer el 10% de las bajas, sin embargo los “enchufados”
de la clase política no ven peligrar su puesto de trabajo, hay decenas de miles de “dedocratas” en la administración pública. Tan sólo en Andalucía, el número de colocados en la administración
paralela ronda las 30.000 personas que a una media de 50.000 euros por
asesor, asistente o secretaria hablaríamos de más de 1.000 millones de euros al
año
España no solamente mantiene una Administración central sino 17 gobiernos y parlamentos
paralelos, más de 8.200 ayuntamientos y decenas de instituciones intermedias
como las diputaciones, los consejos, los cabildos, las mancomunidades o los consorcios. Si a todo esto le unimos los miles de entes y empresas públicas que dependen de
la Administración, el cálculo se hace aún más opaco. Según el CSI-F se estima que los contribuyentes mantenemos entre 18.000 y
20.000 “enchufados” que a una media de 50.000 euros por cabeza, serian de más
de 1.000 millones de euros anuales.
Sin embargo la Ley de
Administración Local que prepara el Gobierno de Rajoy apenas aspira ahorrar 145 millones de euros en
asesores. Su aplicación se ha retrasado ya más de año y medio, y no parece que
vaya a estar lista antes de final de año, por lo que el tímido ajuste se
empezaría a notar en 2014.
Según el proyecto, los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes se quedarían prácticamente sin asesores. En
urbes más grandes, habrá un cupo equivalente al 0,7% de la plantilla. En la
práctica, esto supondría reducir a menos de 7.000 personas el número de “enchufados”,
una rebaja notable frente a los números que hoy se manejan (18.000 a 20.000),
pero insuficiente a todas vistas.
Si sale adelante la ley, el Ayuntamiento
de Madrid apenas tendría que rebajar su plantilla de colocados desde los 213
hasta los 203, un ajuste casi insignificante Si tenemos en cuenta que en la
Universidad Politécnica de un plumazo fueron eliminados fulminantemente 313
trabajadores
Otro problema de esta ley es que no
afectaría a las comunidades autónomas, que retendrán competencias en este
sentido y podrán mantener en pie situaciones como las que hemos comentado en
párrafos anteriores. Quizá se podría usar el Fondo de Liquidez Autonómica para
obligar a comunidades como Andalucía a recortar o eliminar su administración paralela,
pero de momento esto no se ha hecho y los colocados siguen en sus puestos.
También es cierto que el mismo gobierno
que exige estos tímidos ajustes no ha aplicado ningún ejercicio serio de
reducción de asesores. Los cargos de confianza apenas sufrieron una poda del
1,2% en el primer año de Rajoy, pasando de 853 a 842.
La oficina del Presidente emplea a 245, de
los que 68 no tienen el graduado escolar. Por su parte, el Ministerio de
Hacienda mantiene a 163 colocados, dos más que en 2012.
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