El desplome de la inversión en vivienda es un factor esencial para entender la dinámica y profundidad de la crisis

Desde el primer trimestre de 2010, cuando el PIB volvió a mostrar tasas positivas, hasta el tercer trimestre de 2011, la actividad apenas se ha recuperado en términos acumulados en 1 pp. La lentitud de la recuperación está siendo el resultado de la continuación del proceso de digestión de los desequilibrios desarrollados en la fase expansiva, que ha supuesto que la inversión residencial siga contrayéndose y que el consumo privado se encuentre estancado.

El desplome de la inversión en vivienda es un factor esencial para entender la dinámica y profundidad de la crisis. La inversión en vivienda, que había tenido una expansión muy intensa en el período de auge, hasta sobrepasar el 12% del PIB, ha recortado su peso en el PIB hasta menos del 7% en 2011, por debajo de su mínimo anterior, trayectoria que aún no ha concluido

La inversión en construcción en España aumentó su peso en el PIB desde el 15% en 1998 al 22% en 2007, pero más del 70% de ese incremento se debió a la inversión en vivienda. No es fácil establecer una referencia sobre el nivel apropiado de la ratio de inversión en vivienda sobre el PIB. En España, además, dado el peso del sector turístico y la frecuente adquisición de segundas residencias tanto por no residentes como por nacionales, la construcción residencial podría mostrar un peso algo superior al de la mayor parte de países de nuestro entorno

Por su parte, se ha comprobado que la fuerte volatilidad de la inversión residencial y de los precios de la vivienda puede generar, bajo determinadas circunstancias, implicaciones cíclicas muy negativas, por lo que, para mantener un grado adecuado de estabilidad macroeconómica, es necesario realizar un seguimiento estricto de la evolución del mercado inmobiliario y de los recursos reales y financieros que se dedican a la inversión en vivienda, y utilizar los instrumentos disponibles al alcance de las autoridades para limitar la dinámica expansiva del ciclo residencial.

El caso español muestra, además, las dificultades para digerir los procesos de apalancamiento de empresas y familias, fuertemente ligados a las actividades inmobiliarias, lo que, a su vez, tiene efectos negativos sobre los balances bancarios y, en general, sobre las condiciones de financiación en las que la economía debe desenvolverse.

Defraudar a hacienda es: UN ACTO ANTISOCIAL Y EXECRABLE.

LA ALCALDESA DE VALDEMORILLO TIENE ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN DERECHO.

TAL VEZ POR ESO: 

 Ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat

(http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-17-1.PDF). 

Desde que estalló la crisis económica se ha intensificado el debate acerca de lo intolerable que resulta permitir el fraude fiscal. No es mi deseo centrar el debate en si la solución o el alivio de nuestra débil situación económica pueda venir de combatir el fraude hasta hacerlo imposible para conseguir el incremento de la recaudación. O introducirnos de lleno la discusión de si defraudar al fisco es un acto falto de ética, no legal pero tolerado cuando el defraudador es un político en el gobierno.

Se ha incrementado el impuesto de la renta, de sociedades, el IVA y otros, y lo ha hecho radicalmente en contra de su programa electoral, con el objetivo de aumentar la recaudación y afrontar los pagos los más importantes ajenos al contribuyente. Con este panorama no se debe ni puede permitir que un político siga desempeñando sus funciones cuando ha sido considerado defraudador e insolidario.

En ningún caso, el partido político que ostenta democráticamente el poder legislativo debe permitir semejante insolidaridad y menos aun cuando el gobierno del Partido Popular: cargó contra la sociedad, y todos pasamos a ser sospechosos y susceptibles de ser investigados, llegando a argumentar sus subidas de impuestos por el fraude que cometen “algunos”.

Aproximadamente más del 70% del fraude lo producen las grandes empresas y las multinacionales, así como también las grandes fortunas, de modo que menos del 30% es el fraude efectuado por los españolitos de a pie contra los que el Gobierno ha decido cargar. Lo otro ya sabemos que no se toca, porque entre otros muchos despropósitos constituyen el retiro dorado de muchos políticos que, además, siguen cobrando del contribuyente.

En una sociedad regida por el Estado de Derecho, el fraude fiscal es inmoral. Y lo es porque una contribución razonable es imprescindible para construir una sociedad de valores que garantice un mínimo de cobertura en caso de necesidad y cubrir unos servicios esenciales para todos. No aportar lo estipulado debe considerarse como un fraude a la sociedad, porque es insolidario en el sentido de que no aporta un dinero imprescindible para la protección social.


Artículo.305 LO 10/1995 de 23 noviembre, del Código Penal. (BOE de 24 de noviembre).

El que por acción u omisión defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quince millones de pesetas, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía.
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales durante un periodo de tres a seis años.