La corrupción en los ayuntamientos

PROMOTORES Y CONSTRUCTORES SIGUEN PAGANDO A LOS AYUNTAMIENTOS.

Cuantiosas sumas por obtener la calificación de suelo urbanizable

El abuso del poder de los cargos públicos y fundamentalmente políticos vinculados a la especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y medioambientales. 

Esta experiencia ilícita y delictiva, que está aflorando ahora, supuso que  durante los años de la burbuja urbanística, alcaldes y alcaldesas y concejales/las vinculados/as al urbanismo y con pocos escrúpulos se enriquecieran  de manera sorprendente. Sus causas son muchas y muy diversas, y su punto de justificación clave es la financiación de los ayuntamientos.

El proceso de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías, ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno a través de COPLACO. Siglas de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, organismo autónomo, de carácter urbanístico, de la Administración del Estado.

El Tribunal Constitucional Deroga parte de la ley del Suelo del 98, por invadir parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos  sobre las comunidades Autónomas, generando los nuevos planes urbanísticos en su territorio, sin que el estado tenga potestad sobre ellos. Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos.

Como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma “imaginativa” de recaudar impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años. La diferencia de precio entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo. Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas formidables sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda. La consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles, etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se conoce como corrupción urbanística.

La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”, lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda habia subido más en los últimos años. Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el “Informe Auken”. Este informe pedía, entre otras cosas a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, recordaba que la Comisión está facultada a interrumpir la provisión de fondos estructurales y de cohesión y criticaba los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales. La aprobación del Euro parlamento se llevó a cabo a pesar de la campaña de los partidos mayoritarios españoles