PROMOTORES Y CONSTRUCTORES SIGUEN PAGANDO A LOS AYUNTAMIENTOS.
Cuantiosas sumas por obtener la calificación de suelo urbanizable
El abuso del
poder de los cargos públicos y fundamentalmente políticos vinculados a la
especulación inmobiliaria y el incumplimiento de las normativas urbanísticas y
medioambientales.
Esta
experiencia ilícita y delictiva, que está aflorando ahora, supuso que durante los años de la burbuja urbanística,
alcaldes y alcaldesas y concejales/las vinculados/as al urbanismo y con pocos escrúpulos se
enriquecieran de manera sorprendente.
Sus causas son muchas y muy diversas, y su punto de justificación clave es la
financiación de los ayuntamientos.
El proceso
de descentralización en España que trajo consigo el Estado de las Autonomías,
ha llevado a que los ayuntamientos se hayan visto obligados a prestar a los
ciudadanos servicios que antes ofrecía el gobierno a través de COPLACO. Siglas
de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid,
organismo autónomo, de carácter urbanístico, de la Administración del Estado.
El Tribunal
Constitucional Deroga parte de la ley del Suelo del 98, por invadir parte de
las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos sobre las comunidades Autónomas, generando
los nuevos planes urbanísticos en su territorio, sin que el estado tenga
potestad sobre ellos. Esta descentralización buscaba una mayor eficacia en la
prestación de dichos servicios, a través de la cercanía entre la administración
y los ciudadanos. Sin embargo ha planteado desafíos en cuanto a la financiación
que, según el criterio de diversos colectivos, no han sido bien respondidos.
Como los
ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar
impuestos directos han ideado una forma “imaginativa” de recaudar
impuestos indirectos, y es con la potestad de decidir qué suelo es urbanizable
y cuál no. La financiación a partir de la recalificación de suelo implica aumentar la presión fiscal de
manera heterogénea, haciendo cargar con el mayor peso de la financiación
municipal a familias con hipotecas a 30 y 40 años. La diferencia de precio
entre un tipo de suelo y otro puede ser de hasta 20 veces, así que los
ayuntamientos encontraron su particular filón en la recalificación del suelo.
Los promotores y constructores pagaban a los ayuntamientos cuantiosas sumas por
obtener la calificación de "suelo urbanizable". Por supuesto que esas
formidables sumas las acaban pagando los compradores de viviendas, por lo que
al final pocos son conscientes de que se trata de un enorme impuesto
encubierto, que va incluido en el elevado precio de la vivienda. La
consecuencia indeseada es que al igual que un ayuntamiento recibe enormes sumas
de dinero de los promotores y constructores para poder pagar los servicios
municipales que presta (transporte público, polideportivos, limpieza de calles,
etc), también los políticos que gobiernan esos ayuntamientos son susceptibles
de cobrar a título personal, fenómeno que constituye el núcleo de lo que se
conoce como corrupción urbanística.
La causa de
este fenómeno, según Transparencia Internacional, hay que buscarla en “la calificación del suelo urbano”,
lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE “donde el precio de la vivienda habia subido más en los últimos años.
Esta situación fue también denunciada en el Parlamento Europeo en 2009 por el “Informe
Auken”. Este informe pedía, entre otras cosas a las autoridades regionales competentes que declaren una moratoria de
todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de
sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, recordaba que la Comisión está facultada a interrumpir
la provisión de fondos estructurales y de cohesión y criticaba los
poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores
inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales. La
aprobación del Euro parlamento se llevó a cabo a pesar de la campaña de los
partidos mayoritarios españoles
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