DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN

Mañana miércoles 20, comienza el debate sobre el Estado de la Nación, el primero para Mariano Rajoy desde que es presidente, se saltó el anterior, llega justo en un momento crítico para el Gobierno y el Partido Popular. 

UN MOMENTO ESPECIALMENTE CRÍTICO PARA LA GESTIÓN DEMOCRATICA

Al descontento social por los recortes, unas cifras de desempleo de récord, una economía que continúa en recesión y el drama de los desahucios en primera línea de la actualidad, se le añaden todos los escándalos de corrupción que salpican al PP. Rajoy nos mintió cuando prometió justamente lo contrario de lo que está aconteciendo, la situación es mucho peor que cuando estaba Zapatero en el gobierno. 

El debate llega en un momento de gran desafección de los ciudadanos hacia los políticos en general y hacia el PP en particular, agravado tras los últimos casos de corrupción. El Ejecutivo mantiene que presentará medidas para perseguirla, sin descartar una reforma del Código Penal para endurecer los castigos, sin embargo, de momento no ha dado muestras de tener prisa por hacerlo. Los partidos de la oposición han presentado sus propuestas. Izquierda Unida, por ejemplo, pidió que se celebrara un Pleno monográfico sobre la corrupción y llegó a presentar una propuesta de ley que los conservadores no han querido valorar. Mientras tanto la democracia en España está siendo maltratada .

Escándalos como el de la aparente contabilidad B que llevaba Luis Bárcenas, ex tesorero del PP durante dos décadas, los 22 millones de euros que escondía en Suiza y su regularización gracias a la amnistía fiscal del ministro de Hacienda, Montoro, que coparán el debate en el Congreso pudiendo eclipsar al resto de temas. Si a esto se le añade que Rajoy consiguió introducir en el orden del día su comparecencia por el Consejo de Europa, la agenda de los próximos dos días se verá totalmente concentrada. 

Con esas referencias resulta complicado que el PP pueda promover su Ley de Transparencia sin que arrecien las críticas. El texto que presentó el Ejecutivo pretende mejorar el funcionamiento de las administraciones y someterá a un estrecho control la gestión de los cargos públicos. La trampa del decreto era que no incluía en esas medidas transparentes a los partidos políticos, algo que al Presidente del Gobierno no le quedó más remedio que añadir, tras estallar el caso Bárcenas y las dudas sobre la financiación del PP.

Por otra parte los socialistas ahora quieren que los políticos hagan un "striptease económico" y publiquen todas sus cuentas en internet. Para Cayo Lara, coordinador federal de Izquierda Unida, el problema de fondo no es cuánto cobran los políticos sino de dónde procede el dinero que perciben de su partido. En toda esta marejada los nacionalistas dedicarán algo de su tiempo en exigir al Gobierno que presente cuanto antes su prometida revisión del sistema autonómico. Eso, sin olvidar los flecos del debate soberanista y de la declaración aprobada por el Parlamento catalán también salpicado por su corrupción, en la que la Abogacía del Estado ya ha visto materia para poder recurrir al Tribunal Constitucional.

Asimismo y para rematar la faena, el PP se propuso reducir el déficit y frenar la sangría del paro, algo que más de un año después de su llegada al poder no sólo no la conseguido sino que el paro es mucho mayor y la situación se le complica ya que el Ejecutivo de Rajoy justificó los recortes en todos los ámbitos y la reforma laboral en que eso conseguiría mejorar la situación.